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La transferencia del CSIC

L a constitución del nuevo Gobierno incluía una sorpresa anunciada: la creación por primera vez en nuestro país de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Incluía también la adscripción al nuevo Ministerio de los Organismos Públicos de Investigación con la excepción del Instituto Carlos III y del INTA. Todo ello crea un nuevo marco que se presta sin duda a la reflexión y debería ser una oportunidad para plantearse cuestiones todavía no resueltas de nuestro sistema de Ciencia y Tecnología. Curiosamente, el tema que más parece haber preocupado es una noticia desmentida sobre la posible transferencia del CSIC a las Comunidades Autónomas. Como un fantasma que aparece de forma recurrente, esta cuestión levanta pasiones.Quienes llevamos años trabajando en el CSIC podemos recordar con algún deje de nostalgia cuando todas las órdenes de viaje debían ser firmadas por el Secretario General del CSIC. La visita al funcionario de Viajes y Dietas del Organismo Central era obligada cuando pasados los meses el investigador había avanzado en billetes y hoteles un dinero que podía superar a su salario mensual. El abnegado funcionario escarbaba en las pilas de legajos y estadillos hasta rescatar los de uno. Hoy esta situación ha cambiado radicalmente. Los trámites de viajes en el CSIC se llevan en cada instituto y la gestión es correcta, incluso superior a la de organismos similares, por ejemplo el CNRS, equivalente francés del CSIC. Ya que hablamos de Francia, habría que mencionar que en la centralista Francia las nóminas de los investigadores del CNRS se pagan en las Delegaciones Regionales, junto con la gestión de proyectos o de las obras. Estas delegaciones tienen una función importante en las acciones de transferencia de tecnología o a la hora de negociar con Universidades y Regiones las acciones de colaboración que se plantean.

Por tanto, si miramos a la experiencia propia y ajena, una de las posibles conclusiones puede ser que acercar la gestión de la investigación a los institutos y grupos de trabajo suele ser una acción positiva. Para ello, hay razones de eficacia y también de colaboración regional. Hay que recordar que en distintos lugares de España se están creando centros de investigación, que las Universidades están transferidas a las comunidades autónomas y que la colaboración entre distintos niveles de la administración es muchas veces imprescindible. Pero es que, además, aligerar la administración central de tareas administrativas puede permitir hacer algo que ahora se hace poco y es reflexión, discusión, prospección y seguimiento de la actividad científica. Hoy, por ejemplo, en el CSIC no existe un flujo de información entre las instancias de dirección y la actividad científica que se realiza en los institutos. Es en este nivel de la reflexión y evaluación científica, como ha demostrado la experiencia de la Agencia Nacional de Evaluación, en el que una masa crítica suficiente es importante.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología al concentrar los Organismos Públicos de Investigación podría contribuir a aumentar la masa crítica, a suprimir duplicaciones y a reflexionar sobre las prioridades en las distintas ramas de la ciencia. Pero también produce un desequilibrio territorial todavía superior al actual. Lo que queda del INIA o el CIEMAT (como por otra parte el Carlos III, el INTA o el Cedex) están en un 100% en la Comunidad Autónoma de Madrid. Vista la experiencia existente, no hay desde luego ninguna razón de eficacia para mantener este desequilibrio. El CSIC en los últimos años ha corregido algo esta tendencia. Por ejemplo, en el área de Biología y Biomedicina que tiene un 65% de sus investigadores en Madrid, las últimas plazas se han convocado en un 50% fuera de esta Comunidad. Hay que considerar que esto es un avance.

Un lector atento habrá podido observar que hasta el momento no se ha hablado de transferencia del CSIC a las autonomías lo que, estaremos todos de acuerdo, es una opción política tan respetable como lo es su contraria. Pero la racionalización de la estructura del CSIC y los otros OPIs acercando la gestión a los institutos, creando vías de colaboración real (a base de Patronatos, Consorcios, Contratos-Programa, Agencias Comunes de Gestión, Fundaciones, o lo que sea) que permitiera un mejor equilibrio territorial de las acciones de investigación, no necesita de ello. Sin duda, todos ganaríamos si tratásemos de discutir esta cuestión en profundidad y buscásemos soluciones razonables. Porque eliminar burocracia, estimular la colaboración entre Administraciones o abrir la investigación científica a nuestra sociedad es algo imprescindible. Si la reacción a alguna propuesta de reforma es encerrarse en una torre de marfil o en un búnker, podemos acabar encontrándonos con la peor situación posible para nuestra ciencia: la indiferencia.

Pere Puigdomènech es profesor de investigación del CSIC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 27 de junio de 2000.

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