La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide que se investigue el perdón de deudas a Ercros
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido la apertura de un procedimiento de responsabilidad contable y el nombramiento de un delegado instructor para que investigue la condonación de deudas y las subvenciones al grupo Ercros aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno hace dos años. El asunto más espinoso, denunciado por el PSOE en junio de 1998, fue el perdón de un préstamo participativo a Ercros de 8.500 millones por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El entonces ministro de Industria, Josep Piqué, presidente de Ercros hasta 1996, fue quien tramitó esa iniciativa.
La solicitud del fiscal del Tribunal de Cuentas, firmada por Carlos L. de Cegama Fernández, está detallada en sendos escritos del 5 de abril y del 12 de mayo de este mismo año. Cuenta con la oposición del abogado del Estado en el organismo, que considera que en el caso denunciado "no se aprecia ni la existencia indiciaria de elementos de responsabilidad contable ni el suficiente grado de individualización" que permitan avanzar en el procedimiento. La decisión de continuarlo o archivarlo queda en manos del consejero del tribunal al que le cayó en suerte el asunto, Antonio de la Rosa Alemany.El fiscal afirma en sus escritos que el procedimiento a seguir en el caso debe ser el de "reintegro por alcance", de acuerdo con el artículo 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Este artículo define el alcance como "el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos".
Acción pública
En la iniciativa (acción pública) presentada el 28 de junio de 1998 ante el Tribunal de Cuentas por los entonces diputados socialistas Antonio Cuevas Delgado, Javier Fernández y Ángel Martínez Sanjuán se solicitaba la declaración de responsabilidad "directa y solidaria" de todos los miembros de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que participaron y aprobaron las operaciones de Ercros.
La ley prevé la prohibición de ocupar altos cargos en un periodo de entre tres y diez años si el incumplimiento de las normas contables fuera calificado de "muy grave". Las sanciones, en su caso, deberían ser impuestas por el Ministerio de Administraciones Públicas.
Fue el Ministerio de Industria, dirigido entonces por Josep Piqué, presidente de Ercros hasta 1996 y ahora titular de Asuntos Exteriores, el que tramitó la propuesta de condonación de deudas de Ercros. La operación fue aprobada finalmente con acuerdos de tres ministerios, el de Trabajo y Asuntos Sociales, dirigido por Javier Arenas; el de Industria, por Piqué, y el de Economía y Hacienda, por Rodrigo Rato.
La decisión de condonar las deudas a la empresa que había dirigido el mismo ministro que tramitaba el perdón de las mismas provocó una agria polémica parlamentaria. La oposición la calificó de "arbitaria y contraria a derecho" y recordó que ya el mismo Piqué, en septiembre de 1995, siendo presidente de la compañía, solicitó el perdón del crédito de 8.500 millones que había sido concedido a Ercros en 1994.
La polémica obligó a Piqué a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el caso. En su comparecencia de junio de 1998, el entonces ministro de Industria negó que hubiera vulnerado la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, así como que hubiese habido trato de favor hacia su antigua empresa y recordó que los sucesivos Gobiernos socialistas subvencionaron también al grupo químico Ercros, desde que éste suspendió pagos en 1992, con más de 28.000 millones.
Defensa
Piqué se defendió de las acusaciones de haber vulnerado la Ley de Incompatibilidades asegurando que no asistió a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno en las que se discutió y finalmente se aprobó la condonación -"rescate", según Piqué- de la deuda de Ercros. Para probarlo presentó los telegramas enviados por su secretaría a la Comisión Delegada anunciando su ausencia.
No obstante, la oposición, el PSOE e IU, destacaron como hecho más relevante el detalle de que en el acta de la Comisión Delegada del 4 de junio de 1998, que daba cuenta del acuerdo adoptado respecto a Ercros, apareciera la firma del ministro.
La denuncia presentada por el PSOE ante el Tribunal de Cuentas fue contestada en su momento con una iniciativa similar por parte del PP referida a los acuerdos adoptados sobre la misma compañía, Ercros, en fechas anteriores a la de 1996, cuando el PP ganó las elecciones generales y formó Gobierno.
La petición de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas reaviva un caso con múltiples derivaciones, el de Ercros, que está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, por un presunto delito de alzamiento de bienes, y por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, por la venta de la filial de Ercros, Ertoil, en 1991.
El asunto también pasó por el Tribunal Supremo al afectar a una persona aforada, Piqué, y este órgano judicial decidió quedarse con la copia del caso a la espera de ver su evolución en los juzgados ordinarios.
"Regalo" o "rescate"
El Tribunal de Cuentas debe decidir si el Gobierno actuó conforme a derecho al ayudar a Ercros. Primero, el 10 de junio de 1997, modificando las condiciones de amortización de deuda de FESA e Inmobiliaria Espacio -12.187 millones de pesetas-; segundo, al condonar -"rescatar", según reiteró el entonces ministro de Industria, Josep Piqué- el 4 de junio de 1998 otros 8.500 millones que Ercros debía al Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde 1994.El acuerdo de la Comisión Delegada de 4 de junio limpió la deuda de 8.500 millones del balance de Ercros a cambio de que la compañía pagara 1.100 millones al ICO.
Además, el acuerdo autorizó al ICO a adquirir bienes propiedad de Ercros, que estaban hipotecados a favor de la Hacienda Pública y la Seguridad Social, por 5.000 millones de pesetas.
La oposición puso el grito en el cielo y calificó la medida de "perdón", "condonación" y "regalo" que perjudicaba a la Hacienda Pública con el argumento de "consolidar un grupo industrial".
Frente a esta lectura, el ministro e impulsor de la medida, Piqué, aseguró que, en realidad, la operación era incluso un buen negocio para el propio ICO.
¿Por qué? Porque, según dijo, el ICO no esperaba cobrar "nunca" el crédito concedido en su día a la compañía que presidió.
"En la práctica", aseguró Piqué el 21 de enero de 1999, el préstamo "era a fondo perdido y, por tanto, no era necesario que se devolviera". "Todo el mundo sabe", añadió, "que este crédito no tiene ningún valor".
La investigación dio origen a una tormenta entre los fiscales
La posición de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sobre la necesidad de investigar la legalidad de las ayudas concedidas a Ercros a partir de 1997 puede desatar una tormenta como la que, en su día, se registró en el Tribunal Supremo.En principio, la postura del fiscal es firme. Así lo demuestran los dos escritos a favor de la indagación, de abril y mayo de este año, en los que se opone a las tesis favorables al archivo de la causa que sostiene el abogado del Estado en el organismo.
También fue firme la postura que sostuvo en el Tribunal Supremo el fiscal Bartolomé Vargas. Éste elaboró un informe en enero de este año en el que concluía que había indicios suficientes para que el Supremo investigara al ministro de Industria, Josep Piqué, por un presunto delito de alzamiento de bienes en Ercros.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, relevó entonces al fiscal del Supremo y con tal decisión provocó un enorme revuelo entre los fiscales.
El Consejo Fiscal, en el que están representadas todas las asociaciones de fiscales, desaprobó unánimente la forma en que Cardenal hizo ese relevo. Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se llegó a afirmar que había existido una instrumentalización de la carrera fiscal en el caso.
Al margen de las repercusiones jurídicas, la actitud del fiscal del Tribunal de Cuentas puede tener también consecuencias políticas. La acción planteada por el PSOE ante ese organismo no dejó indiferentes en su momento a los responsables del Grupo Parlamentario Popular.
El PP planteó su propia acción en el Tribunal de Cuentas contra los responsables socialistas que en 1994 aprobaron el crédito de 8.500 millones de pesetas a la compañía Ercros y, en los pasillos del Congreso, socialistas y populares han tratado más de una vez, y recientemente, de las consecuencias de mantener la batalla en torno a Ercros y al actual ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué.
