Aznar cumple el mandato europeo de hablar en China de derechos humanos

El jefe del Gobierno español, José María Aznar, cumplió ayer el trámite de plantear a su homólogo chino, Zhu Rongji, la situación de los derechos humanos en su país. Desde que en junio de 1998 la UE aprobó su estrategia común hacia China, todos los socios europeos están obligados a abordar esta cuestión en sus relaciones bilaterales con Pekín, tal como recordó la Comisión de Exteriores del Congreso en diciembre pasado.

No ha trascendido, sin embargo, qué énfasis puso Aznar en el punto más delicado de su agenda en China, si pasó de puntillas o se explayó en él, ya que un portavoz oficial español se limitó a informar: "Se ha tratado la cuestión de los derechos humanos y se seguirá tratando". Sí se sabe, en cambio, que a las autoridades chinas, avisadas de la política de la UE, no les sorprendió que su invitado abordase el tema y que éste no mencionó el caso del disidente Wang Zuofeng, encarcelado desde que en noviembre de 1998 puso fin a su exilio en Valencia para regresar a China. La última oportunidad que tendrá Aznar para interceder por él será hoy ante el presidente de la República, Jiang Zemin.La bandera española ondeó ayer en la plaza de Tiananmen durante la ceremonia oficial de bienvenida, celebrada a las cuatro de la tarde (seis horas menos en el Península) ante el Palacio del Pueblo, sede de la Asamblea Nacional Popular. La plaza más emblemática de Pekín, escenario del sangriento aplastamiento de la revuelta estudiantil en junio de 1989, quedó cerrada mientras Aznar y Rongji pasaban revista a las tropas. El presidente español, contra lo habitual en estas visitas, no colocó una corona de flores en el monumento que, en el mismo lugar, homenajea no a los estudiantes muertos sino a los militares caídos por su patria.

También en Tiananmen, el pasado viernes, policías de paisano golpearon y detuvieron durante dos horas a la enviada de la emisora Catalunya Radio, quien cometió el delito de fotografiar a unos ancianos de apariencia inofensiva que realizaban ejercicios de tai chi. Supuestamente pertenecían a la prohibida secta Falun Gong, y los agentes los detuvieron sin contemplaciones. Este incidente, que provocó una llamada de protesta de la Embajada española al Ministerio chino de Exteriores, refleja las contradicciones de un Partido Comunista que avanza a pasos agigantados al capitalismo manteniendo su férreo control de la población.

El encuentro de dos horas que ayer mantuvieron las delegaciones se centró, sin embargo, en las relaciones económicas y en las perspectivas que se abren para las empresas españolas ante la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio (OMC). El secretario de Estado de Comercio, Juan Costa, firmó ayer en Pekín la prórroga hasta 2003 de una línea de crédito de 700 millones de dólares, (123.000 millones de pesetas) más otros 1.760 millones de pesetas donación para estudios de viabilidad. Hasta ahora, Pekín apenas ha utilizado esta financiación y Madrid pretende que sirva para apoyar la participación española en grandes proyectos públicos, como nuevas líneas de metro en Tianjin y Nanjing -a la que concurren las grandes contructoras españolas bajo el paraguas del consorcio Metro de Madrid-, la extensión de la telefonía móvil y rural, la construcción de centrales nucleares y la ampliación de aeropuertos.

Para dar continuidad a las relaciones bilaterales, hasta ahora aquejadas de inconstancia, Aznar y Rongji acordaron celebrar una cumbre cada dos años y multiplicar los contactos a nivel ministerial. El jefe del Gobierno chino acogió favorablemente, según fuentes españolas, la demanda de apoyo para que España ocupe en el bienio 2003-4 uno de los sillones no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.

Además se firmó un convenio de cooperación entre las respectivas policías en la lucha contra el tráfico de personas y de droga. Aunque en España no se han producido casos tan dramáticos como el reciente de Dover (Reino Unido), la actuación de las mafias chinas de inmigrantes es ya una realidad, como lo demuestra la desarticulación el pasado mayo de una red que había introducido clandestinamente en Ceuta a 45 ciudadanos de esa nacionalidad, trasladados por vía aéra hasta Marruecos vía Malaisia.