La Generalitat defiende el uso del catalán en la Pompeu Fabra
El Gobierno de la Generalitat se pronunció ayer oficialmente y con rotundidad sobre la suspensión cautelar dictada por un juez de la normativa de fomento de la lengua catalana de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). El portavoz del Ejecutivo, Artur Mas, anunció la presentación de un recurso contra el auto judicial y lamentó que en éste se "cuestione un principio del Estatuto que dice que la lengua propia de Cataluña es el catalán, aunque haya dos lenguas oficiales". El consejero de Universidades, Andreu Mas-Colell, lamentó el "eco" que el tema encuentra en la judicatura y consideró que es "evidente" que hay una ofensiva contra el uso del catalán en la universidad. En Madrid, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, rehusó pronunciarse , sin embargo, quiso precisar que en Cataluña hay dos lenguas oficiales, "pero sólo una propia, que es el catalán".
La Generalitat presentará un recurso contra el auto del tribunal que suspende cautelarmente las "medidas para la regulación y fomento del uso del catalán" de la Pompeu Fabra que, según Artur Mas, cuestiona el artículo 3 del Estatuto de Autonomía.
En el auto, el juez Víctor Ribas considera que dicho reglamento de la Pompeu Fabra "impone el uso preferente del catalán en la misma y en sus relaciones con terceros" y critica que se dé a esta lengua la consideración de "idioma oficial propio de la universidad". "Nos tenemos que defender como Gobierno y también defender a la Pompeu Fabra", dijo el portavoz del Ejecutivo catalán.
El reglamento de la Pompeu Fabra es el segundo que la asociación Profesores para la Democracia, integrante de la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), presidida por el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras, consigue suspender. El primero fue el de la Universidad Rovira i Virgili (URV). El rector de la Pompeu Fabra, Enric Argullol, calificó ayer de "preocupante" que un juzgado cuestione el carácter de lengua propia del catalán. Argullol, catedrático de Derecho Administrativo, aseguró que "se construye con un planteamiento absolutamente contrario al artículo 3 del Estatuto de Autonomía".
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