Sindicatos y oposición descalifican la reforma por "regresiva" y porque "permite la explotación"

Todos los grupos de la oposición parlamentaria, organizaciones no gubernamentales y sindicatos rechazaron ayer el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería por su carácter "regresivo". UGT considera que el cambio propuesto por el Gobierno "no sólo tolera, sino que permite el tráfico de mano de obra y la explotación de los trabajadores"; el PSOE lo califica de impropio de un país democrático, e IU descarta la posibilidad de llegar a un consenso porque el recorte de derechos fundamentales a los inmigrantes conducirá a una situación no muy direrente de la "esclavitud".

Los sindicatos declararon ayer la guerra a la reforma planteada por el Gobierno porque "supone una intolerable vuelta atrás" en los derechos de los inmigrantes, en expresión de UGT. Este sindicato asevera que la propuesta gubernamental "no sólo tolera sino que permite el tráfico de mano de obra, la explotación de trabajadores" de modo que "asume y perpetúa la utilización de mano de obra barata sin derechos y sin posibilidad de defenderse". Tras acusar al Gobierno de haber lanzado en los últimos meses "mensajes que han contribuido a fomentar el rechazo a los inmigrantes", la central sindical afirma que determinados empresarios dispondrán de trabajadores "sumisos" y que se despoja a los sindicatos de los mecanismos de lucha contra la explotación. Con un tono menos incendiario pero no menos indignado, CC OO acusó al Ejecutivo de volver a "una política migratoria de marcado carácter represivo" que incluso empeora la ley de 1985. Al igual que UGT, CC OO hace hincapié en que la reforma elimina el derecho de huelga y sindicación a los inmigrantes sin papeles y en el hecho de que esta propuesta rompe el consenso que había alcanzado la vigente ley. En similares términos se pronuncia Unión Sindical Obrera, que recuerda que el texto actual ha sido considerado por la ONU un ejemplo de ley social.

Una calificación que podría suscribir el presidente de la gestora del PSOE, Manuel Chaves, quien la considera "progresista y avanzada" frente a la reforma que propone el Ejecutivo, que "no es propia de un país democrático" ya que recorta "derechos básicos de los ciudadanos extranjeros". En una rueda de prensa el portavoz socialista de Interior, Ramón Jáuregui, mostró su enfado por la actitud "hostil al consenso" del Ejecutivo y explicó que su partido aboga por "una negociación tranquila" porque "la ley es mejorable" pero no en los términos que lo ha hecho el borrador "brutal" del Gobierno. Con esos argumentos explicó que remiten cualquier negociación con el Ejecutivo a septiembre, cuando la reforma llegue a las Cortes.

En IU, en cambio, dan por perdida cualquier posibilidad de acuerdo. Su portavoz Felipe Alcaraz denunció que esta reforma afecta "a los derechos humanos" y con ella se vuelve a la "dialéctica policial". Con la restricción de derechos a los sin papeles "se abre una posibilidad muy seria de explotación laboral y esclavitud". "Uno no tiene derechos humanos porque tenga papeles; uno tiene derechos humanos porque ha nacido", añadió Alcaraz, quien apostó por movilizaciones sociales contra la reforma. Frente a la postura del PSOE de dar un plazo para evaluar cómo funciona la ley en su aplicación efectiva, IU no está dispuesta a revisar el texto actual que considera "una ley de mínimos".

Pese a sus constantes enfrentamientos con el Gobierno el PNV se mostró menos duro respecto al proyecto de reforma que el resto de la oposición. La diputada Margarita Uria tras señalar que el Ejecutivo "está manteniendo las formas" en este asunto, se limitó a aclarar que a su grupo "le gusta más" la ley vigente.

Asimismo, tanto Iniciativa per Catalunya como Eusko Alkartasuna, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana y Chunta Aragonesista mostraron en distintos grados su rechazo al cambio.