El Gobierno quiere estrenar en enero la nueva Ley de Extranjería aunque no haya consenso

El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, anunció ayer en rueda de prensa que la intención del Gobierno es que la nueva Ley de Extranjería, cuyo borrador se hizo público el miércoles, entre en vigor el 1 de enero próximo, sin más demoras, y, llegado el caso, sin necesidad de consenso. En esta línea, Fernández-Miranda no tuvo reparo en admitir abiertamente que el reglamento de la actual ley, aún sin redactar pese a que la normativa establece que deberá estar aprobado antes del próximo 2 de agosto, ni siquiera llegará a ver la luz. Todos los esfuerzos del Ejecutivo se concentrarán en sacar adelante la pretendida reforma, pese a las voces en contra de los partidos de izquierda, los sindicatos y las ONG.

Ha empezado la cuenta atrás. El 30 de junio, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley que pretende modificar, de arriba abajo, la actual Ley de Extranjería, aprobada hace apenas seis meses. El debate parlamentario comenzará en septiembre. Y la nueva normativa (mucho más dura que la vigente) entrará en vigor el 1 de enero de 2001.Pese a la polémica desatada -sólo CiU y Coalición Canaria garantizan de entrada su apoyo al Gobierno, en contraste con la dura respuesta del PSOE, IU, sindicatos, organizaciones sociales y otras formaciones políticas-, Fernández-Miranda insistió en la intención dialogante del Ejecutivo. Pero no ocultó que el consenso que busca será muy difícil de alcanzar, sobre todo cuando la reforma es rechazada por "regresiva" y por abrir las puertas a la "explotación" laboral de los inmigrantes.

De hecho, el delegado del Gobierno para la Inmigración admitió la oposición radical a esta reforma de Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Gallego (BNG) e Iniciativa per Catalunya. Y lo hizo después de que Felipe Alcáraz, portavoz de IU en el Congreso, se apresurara a advertir al Ejecutivo de que si no desarrolla el reglamento de la actual ley en los seis meses que estipula la normativa- el plazo finaliza el 2 de agosto-, su grupo emprenderá acciones políticas y legales.

Fernández-Miranda mostró a continuación su sorpresa por la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista tras una primera lectura del borrador. "A veces [el PSOE] parece dispuesto a hablar de la reforma y otras no. No sabría en que bloque de actitudes situarlo; es un caso aparte", afirmó.

Manuel Chaves, presidente de la comisión política del PSOE, le dejó enseguida las cosas claras: "Esta reforma no es propia de un país democrático. Sería una ley retrógrada, situada mucho más abajo de las legislaciones más atrasadas de la Unión Europea".

Aun así, el delegado del Gobierno considera suficiente un plazo de 15 días, que es lo que resta hasta el 30 de junio, cuando el borrador será aprobado en el Consejo de Ministros, para que tanto las fuerzas políticas como los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales estudien la propuesta,manifiesten sus opiniones "y hagan las aportaciones que consideren oportunas".

Según Fernández-Miranda, presentar el anteproyecto para que lo apruebe el Consejo de Ministros "no supone la aprobación de ninguna ley, sino la expresión política que hace públicas las intenciones del Gobierno".

El delegado se detuvo en defender algunas modificaciones polémicas que recoge el borrador, como la concesión de la residencia permanente y los derechos sociales. Con la nueva ley, para obtener la residencia permanente habrá que acreditar una estancia ininterrumpida en España de cinco años, frente a los dos años de ahora. Según Fernández-Miranda, esto será así porque "no estamos en sintonía con la Unión Europea". Se trataría, dijo, de unificar criterios en materia de inmigración. Y puso como ejemplo "la situación de beneficio en la que se encuentra España con respecto a Francia", donde se exige 10 años de estancia ininterrumpida para obtener el permiso de residencia permanente.

Fernández-Miranda rechazó asimismo las acusaciones de que el borrador incurre en la vulneración de determinados derechos sociales. De este modo, afirmó con rotundidad que "la reforma de la Ley de Extranjería no recorta ningún derecho fundamental", y argumentó que "se mantiene el derecho a la vida como derecho fundamental". De ahí, argumentó, la insistencia del Gobierno en el control de las fronteras y en la erradicación de las mafias, "que sí vulneran tales derechos".

Asimismo, se refirió al derecho a la integridad física y arguyó que la reforma garantiza el derecho a la asistencia sanitaria para todas los extranjeros que se encuentran en España, independientemente de su situación.

Enrique Fernández Miranda volvió a enfatizar la idea de que hay que distinguir entre dos tipos de de residentes extranjeros: los "trabajadores estables" y los "temporeros"; es decir, entre los inmigrantes que residan legalmente en España con un contrato de trabajo estable y los que vengan a trabajar una temporada y permanezcan en el país mientras dure el contrato.

Frente a las críticas de sindicatos y ONG, el delegado alegó que España tiene una capacidad limitada de acogida y de trabajo. "Tenemos que saber cuál es nuestra capacidad de acogida real", dijo.

Y dio un dato. Tras el actual proceso de regularización se podrá medir cuál podría ser el contingente anual: "Entonces habrá en España un número muy importante de residentes, lo que obligará a calcular muy bien". "Necesitamos extranjeros, el fenómeno de la inmigración es positivo, pero tenemos que saber hasta dónde podemos llegar".