Buscar desaparecidos

La colaboración de los militares en la búsqueda de los restos de 1.185 ciudadanos desaparecidos durante la dictadura de Pinochet -hecho que el Ejército admite por primera vez- constituye un nuevo paso en la transición de Chile hacia una plena democracia. Diez meses de diálogo entre representantes de militares, abogados pro derechos humanos y otros sectores de la sociedad han producido finalmente un resultado, pocas semanas antes de que la Corte Suprema decida sobre el desafuero del senador vitalicio para ser juzgado por algunos de sus crímenes pasados, muy centralmente los de la llamada caravana de la muerte.Los militares, que constitucionalmente siguen siendo un poder autónomo, se han comprometido a facilitar en seis meses, prorrogables, a Ricardo Lagos los datos de que dispongan sobre los desaparecidos, aunque no las fuentes de información. El presidente podrá remitirlos a la Corte Suprema para eventuales investigaciones judiciales. Algunos abogados temen que ése sea el fin de algunos encausamientos. Aunque este documento sea la primera ocasión en que los militares aceptan que hubo "graves violaciones de derechos humanos", no piden perdón ni aceptan culpabilidad alguna por los crímenes cometidos por "agentes de organizaciones del Estado". La parte civil ha tenido que aceptar como contrapartida una referencia a la "violencia política" ejercida por algunos opositores al régimen golpista. Lagos ha hablado de "un gran paso en el camino de la reconciliación", pero el objetivo está aún lejano. De momento, es un proceso de normalización y recuperación de algunos agujeros negros de un pasado atroz.

En medio de todo esto, Manuel Fraga, primera autoridad española que viaja a Chile tras el regreso de Pinochet de Londres, califica el caso iniciado por la Audiencia Nacional como la "anécdota" de un solo magistrado, "no apoyado nunca por el Gobierno español, representado por sus fiscales". Es algo más que una declaración pintoresca del presidente de la Xunta de Galicia. Es una admisión pública de que el Gobierno de Aznar utilizó a los fiscales para intentar socavar las actuaciones del juez Garzón. Pero, sobre todo, es un despropósito. Tras su detención en Londres a instancias de Garzón, Pinochet ha perdido la respetabilidad que aparentaba y dejado de infundir el temor que había impedido abrir causas contra su régimen en Chile. Sin esa larga estancia londinense, la mesa de diálogo no se habría reunido ni producido este primer documento de gran alcance. Aunque a Fraga le resulte difícil entenderlo.