La falta de liquidez del Gobierno catalán bloquea la ampliación del metro
La falta de dinero de la Generalitat gravita sobre el plan de infraestructuras previsto para la región metropolitana de Barcelona y amenaza con anularlo antes de que sea aprobado. El Gobierno catalán pretende efectuar una aportación de 250.000 millones, la mitad aproximadamente de las inversiones necesarias para construir la línea 9 del metro y ampliar varias de la existentes.
La ATM (Autoridad del Transporte Metropolitano) celebrará hoy un Consejo de Administración en cuyo orden del día figuran dos puntos: el proyecto de la línea 9 del metro y la situación de los informes técnicos relacionados con el plan de infraestructuras. Salvo cambios radicales de última hora, todo apunta a que no habrá acuerdo. Las discrepancias entre las tesis del Gobierno catalán y las de los municipios son abismales y afectan tanto a los trazados de las líneas como a la financiación de las inversiones.El trazado de la línea 9 es el primer escollo. El Gobierno catalán ha dibujado una línea que va desde Santa Coloma y Badalona hasta el aeropuerto de El Prat, en un trayecto más o menos coincidente con la Ronda del Mig. Esta línea serviría a la nueva Fira, pero no a la antigua. El Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, defiende que los dos recintos feriales deben estar unidos por una misma línea de metro y que la línea que vaya al aeropuerto debe conectar con el centro de la ciudad, lo que no hace la línea 9. La propuesta es que lo haga la línea 2. Pero el Gobierno catalán defiende que esta línea dé la vuelta a Montjuïc, pase por Can Tunis y muera en el paseo de la Zona Franca. "Unir los dos recintos feriales no es una prioridad", explicó ayer un portavoz del Departamento de Política Territorial que añadió que el metro debe servir a zonas de alta densidad residencial. La misma fuente aduce que entre la plaza de Espanya y Pedrosa ya funcionan los Ferrocarriles de la Generalitat.
Pero el trazado es sólo uno de los puntos de discrepancia. El otro, y no menor, es el económico. El Gobierno catalán pretende que las aportaciones al plan de infraestructuras sean de unos 250.000 millones de pesetas (dos terceras partes deben salir de los presupuestos catalanes y el tercio restante del Gobierno central). Pero esta cifra es, aproximadamente, la mitad de la necesaria para hacer realidad todas las inversiones previstas.
La propuesta del Gobierno catalán es que la ATM suscriba un crédito de 100.000 millones de pesetas, aportando como garantía los ingresos por las tarifas del transporte, de forma que no compute como deuda de la Generalitat. Este sistema, explicó un portavoz de Política Territorial, es el mismo seguido en Madrid y tiene el visto bueno del Banco Europeo de Inversiones. El préstamo tendría un periodo de carencia de seis años, de forma que la devolución no empezaría hasta 2006 o 2007.
La aportación actual de la Generalitat es de unos 14.000 millones de pesetas y con su propuesta pasaría a ser de unos 17.000 millones. Si se quisiera realizar la totalidad del plan, quienes deberían ampliar sus aportaciones serían los municipios. Esta sugerencia ha provocado un profundo malestar en los alcaldes afectados. Algunos de ellos ya estaban especialmente molestos con la propuesta del Gobierno de la Generalitat para que sea Renfe la que asuma la construcción de la línea entre Sant Boi y Castelldefels. Renfe no pertenece a la ATM por lo que la obra no tendría garantía alguna de llegar a puerto.
