El Gobierno creará centros especiales para los drogadictos y enfermos mentales encarcelados

El pleno del Parlamento exigió ayer al Gobierno vasco la creación de centros especiales para tratar a los drogadictos y a los enfermos mentales que cumplen condena en alguna de las tres cárceles existentes en Euskadi. La propuesta, transaccionada por socialistas, PP, UA e IU y apoyada por Eusko Alkartasuna, considera que las actuales instalaciones penitenciarias no dan respuesta a las necesidades sanitarias de los toxicómanos y de los presos que sufren alguna patología mental. El PNV votó en contra por una confusión, pero luego aclaró su apoyo a la iniciativa.

El error cometido por el PNV en la votación se debió a que creía que si apoyaba la iniciativa originaria presentada por los socialistas decaía automáticamente la enmienda a la totalidad que había planteado con Eusko Alkartasuna pidiendo la transferencia en materia penitenciaria. Sin embargo, el reglamento del Parlamento permite a un partido apoyar una enmienda transaccional de otros grupos sin que ello implique renunciar a la enmienda a la totalidad que ha presentado. El debate sobre la conveniencia de disponer de centros especiales para drogadictos y enfermos mentales llega justo un mes después de que el Tribunal Supremo fallara que los toxicómanos condenados por un juez deben ser internados en centros de desintoxicación y no en la cárcel. En una novedosa sentencia, el Supremo parte del hecho de que el drogadicto es un enfermo y establece que los delitos que cometen deben tratarse con medidas de seguridad, pero que lleven a su reinserción social, algo que en las actuales cárceles sigue siendo muy complicado de conseguir.

800 presos

A raíz de esta sentencia, el PSE presentó una proposición no de ley reclamando la creación en Euskadi de centros que, cumpliendo las medidas de seguridad pertinentes, den una respuesta sanitaria más satisfactoria tanto a los toxicómanos como a los enfermos mentales, para los que tampoco existen instalaciones específicas. En la actualidad, casi 800 presos están incluidos en algún tratamiento de desintoxicación en las tres cárceles vascas. La droga que provoca su dependencia es fundamentalmente la heroína consumida por vía intravenosa. La marginalidad y la escasa preparación educativa y laboral definen el perfil de los toxicómanos encarcelados.

La autora de la propuesta original, la socialista Gemma Zabaleta, aclaró que los futuros centros se van a ubicar a caballo entre las actuales comunidades terapéuticas regentadas por ONG y las cárceles. Estas comunidades terapéuticas tratan a drogadictos con historiales delictivos de escasa gravedad, pero no pueden acoger a toxicómanos que han cometido delitos que producen importante alarma social. Más de 300 vascos cumplen condena en tratamiento de desintoxicación en alguna de estas comunidades. "Merece la pena un esfuerzo por las nuevas infraestructuras para que los toxicómanos puedan salir del agujero de la marginalidad", resaltó Zabaleta.

El portavoz de IU, Javier Madrazo, también destacó la importancia que supone el tratamiento de los toxicómanos para evitar su reincidencia en comportamientos delictivos. "La desintoxicación debe realizarse en condiciones para que de resultado", dijo.

Mientras, las representantes de PNV y de EA se mostraron conformes con el espíritu de la propuesta, pero echaron en falta un pronunciamiento político reclamando al Gobierno central la transferencia en materia de prisiones. De esta forma, plantearon una enmienda a la totalidad, que decayó por falta de apoyos.

Durante el debate, Gema González de Txabarri, del PNV, clamó contra la situación en la que se encuentran las prisiones vascas: "Es de auténtica vergüenza, desde el punto de vista de la dignidad personal". Exigió al Gobierno español que mientras no proceda al traspaso de la competencias en materia penitenciaria, las ejerza de una forma efectiva, arbitrando las medidas sanitarias oportunas respecto de la población reclusa drogodependiente.

Los ejecutivos vasco y central firmaron en 1996 un convenio marco para desarrollar de manera conjunta políticas en favor de los presos en siete áreas determinadas, entre ellas salud, educación y servicios sociales. Sin embargo, cuatro años después de aquel acuerdo sólo algunas áreas han sido desarrolladas de una manera intensa, como es el caso de educación (el Gobierno vasco libera profesores para que acudan a las prisiones). Mientras, el campo de la sanidad sigue en precario.