Garzón propone archivar el caso de los experimentos del Cesid con mendigos

El juez Baltasar Garzón ha concluido la investigación sobre el caso del uso de mendigos como cobayas humanas para probar fármacos que luego iban a ser empleados supuestamente en el secuestro del exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera. El magistrado ha elevado este proceso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que archive la causa por falta de autor conocido, ya que de las investigaciones realizadas no se ha podido dirigir la acusación contra nadie.

En la causa existen indicios de que, en julio de 1988, el Cesid solicitó a un conocido cirujano de Madrid cierta cantidad de una variable de pentotal o suero de la verdad para utilizarlo en un futuro secuestro del entonces máximo dirigente de ETA, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera. Al parecer, altos cargos del Ministerio del Interior habían recibido una confidencia a través de la cual se tenía localizado un garaje en el sur de Francia al que acudía regularmente Urrutikoetxea. La idea era obtener toda la información que el jefe etarra pudiera conocer en ese momento, tal como el lugar donde la banda fabricaba los explosivos, las identidades de los comandos operativos y su ubicación, los datos sobre financiación del grupo terrorista o la red de extorsión de empresarios.

El problema principal que se planteó fue que la droga de que disponían tenía un periodo de aplicación efectivo de unos 20 minutos, mientras que en el Cesid se consideraba que el periodo mínimo de efectividad debía ser de hora y media, puesto que el secuestro de Josu Ternera se tenía que realizar en Francia, y después se le debía trasladar a un lugar seguro. De ahí surgió la necesidad del experimento.

El fármaco, en diferentes dosis, fue experimentado en un mendigo y dos drogadictos, que fueron utilizados como cobayas humanas. El mendigo presuntamente, resultó muerto, aunque la investigación en diferentes morgues de España no dio resultado positivo.

Callejón sin salida

El caso se encuentra en un callejón sin salida, porque ninguna de las investigaciones ha arrojado luz sobre lo ocurrido. En el caso se encontraban imputados el ex director del Cesid general Emilio Alonso Manglano y el exjefe de su Agrupación Operativa, el ex coronel Juan Alberto Perote, pero el juez señala que los indicios existentes no han podido ser confirmados por otros elementos de prueba y no hay base para dirigir una acusación contra nadie.

El caso se inició en 1998 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya solicitó el sobreseimiento de la causa en marzo de ese año. Sin embargo, el juez acordó la práctica de varias diligencias, como las declaraciones del dueño del taller donde supuestamente se llevó a reparar un vehículo que presuntamente utilizaron los secuestradores de los mendigos.

El propietario de este automóvil manifestó que recuperó su coche cinco años después de su desaparición, ocurrida en 1988 en las inmediaciones de una comisaría, y con 70.000 kilómetros más de los que tenía cuando se lo quitaron.