La Generalitat creará una sociedad controlada por Educación para acabar las obras del mapa escolar

El responsable de Educación, Manuel Tarancón, anunció ayer en las Cortes que el Consell creará una sociedad pública dependiente de la consejería o bien una división nueva dentro del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) para acabar con el retraso en las construcciones educativas y gestionar las obras de los 170 centros que faltan, pese a estar previstos en el mapa escolar desde 1996. La medida, de carácter excepcional, busca contrarrestar las críticas de la oposición a la privatización de la educación impulsada por el PP la pasada legislatura y evitar, así, el desgaste político que ello implicaba.

El consejero Tarancón, que inicialmente debía comparecer antes las Cortes para explicar la polémica reforma de ESO contenida en las instrucciones de incio de curso, aprovechó ayer su paso por el recinto parlamentario para presentar un proyecto "de envergadura", aún no concretado, que pretende zanjar de una vez las duras críticas a la política de privatización de la enseñanza emprendida por los populares en una Comunidad donde gobiernan con holgada mayoría. Pero, además, el mensaje lanzado en las Cortes tiene un doble calado político y responde de paso a la sistemática petición de los sindicatos para que el Gobierno valenciano se comprometa en el Parlamento a aplicar un plan con plazos de ejecución cerrados y una financiación puntual centro a centro, que cumpla con las construcciones escolares que requiere la LOGSE en el 2003. En este contexto, Tarancón explicó que el Consell baraja dos posiblidades para acabar las 170 construcciones escolares que faltan, "bien a través de la creación de una sociedad anónima de capital público, dependiente de Educación, o bien dentro del IVVSA de una división específica para construcciones educativas".El consejero calificó esta decisión "técnica" como "la mejor solución para llevar adelante un proyecto de enorme envergadura, como es la actuación en más de 250 construcciones [entre nuevas edificaciones y reformas de centros], que con el actual equipo técnico de la consejería no se puede realizar". Esta medida "de excepción" busca imprimir un giro al ralentizado ritmo de contrucciones educativas de los últimos tres años y con el bajo nivel de ejecución de los presupuestos para este tipo infraestructuras, sobre todo en 1997 y 1998.

Tarancón explicó que "no sería correcto" engrosar la plantilla de técnicos estables de la consejería para abordar una situación coyuntural que se prolongará únicamente hasta el 2003, porque cuando finalicen las construcciones tendrían que hacer frente a un "crecimiento desmesurado de plantilla". En los pasillos de las Cortes, el consejero precisó que "se trata de una situación extraordinaria" y que, por tanto, "exige tomar soluciones de carácter extraordinario".

Asimismo, recordó que la aplicación de la LOGSE implica que la educación obligatoria al pasar de 14 a 16 años, aumenta en dos el tiempo de escolarización, y lo mismo ocurre con el nivel infantil, que sin ser obligatorio, fuerza a la Administración a garantizarlo. De este modo, precisó, "se está ante un cambio importante, porque con la misma población, el parque de infraestructuras se duplica".

El consejero subrayó que existen "dos cuellos de botella" que inciden a la hora de desarrollar del mapa escolar. Por una parte, se refirió a la la gestión del suelo, que recae en los ayuntamientos y que se ve dificultada en las grandes ciudades, y, en segundo lugar, mencionó que es necesario planificar una correcta supervisión de los proyectos con la ampliación de equipos técnicos, que se constituirán una vez que el Consell se decante por la fórmula de la sociedad pública o por la de la división del IVVSA.

Tarancón recordó que el mapa escolar requiere para completarse de unas inversiones que superan los 100.000 millones de pesetas. Por tanto, añadió, la nueva fórmula estudia soluciones financieras para completar el mapa en el periodo 2001-2003. "Con la solución que se adopte, a lo largo del año 2001 se podrán tener aprobados técnicamente todos los proyectos y conseguir sacar su licitación con fórmulas presupuestarias que está también estudiando la Consejería de Economía y Hacienda y que se llevarán a cabo a través del tipo de sociedad pública que se decida". De entrada, el consejero Vicente Rambla estudia una inyección de dinero procedente de Fondos Estructurales europeos de 12.000 millones de pesetas íntegros para construcciones escolares.

Respecto a las críticas de la oposición sobre la existencia de aulas prefabricadas, Tarancón indicó que "cuantas más tengamos, querrá decir que tenemos más construcciones nuevas y que tendremos condiciones para sustituirlas". "A mí no me preocupa la cantidad, sino que tengan la condición de provisional", añadió. En referencia a la reforma de la LOGSE, camuflada en las normas de inicio de curso, el socialista Baltasar Vives acusó al PP de "no haber creído nunca en la LOGSE" y de plantear unas medidas que son "propaganda", que "no valen ni una peseta" y que "van en contra de la autonomía de los centros, imprescindible para dar calidad". Vives remató que el PP "no cree en una educación para todos, sino para los que pueden".

En esa dirección, Ramón Cardona de Esquerra Unida, señaló que ha sido "un error plantear tan tarde estas medidas", que no han sido consensuadas con los agentes sociales. Aunque matizó que "si bien no todas son negativas, con algunas parece que por fin han descubierto la LOGSE y empiezan a aplicar su espíritu".