Francia vive una peculiar guerra de imágenes periodísticas

¿El ojo de la cámara es moral? ¿Lo es el dedo que aprieta el obturador o la responsabilidad de una imagen debe buscarse en quien la publica? Dos casos agitan el paisaje de la fotografía de prensa en Francia. Por una parte, se pone en cuestión a la agencia pública de noticias France Presse, y por otro, se critica la nueva ley que pretende evitar que la presunción de inocencia sea puesta en peligro por medio de imágenes.

La agencia pública France Presse (AFP) está en crisis. El origen inmediato de esa situación debe buscarse en las fotos del célebre presunto "asesino del tren", Sid Ahmed Rezala, un sospechoso de haber matado a tres mujeres en Francia, más tarde detenido en Lisboa y actualmente encarcelado en Portugal a la espera de extradición.Para obtener las fotos del presunto asesino en una prisión portuguesa, la agencia estatal se sirvió de métodos dudosos: se las compró al abogado de otro detenido, que comparte la celda con Rezala. Después, France Presse vendió el grueso del reportaje al suplemento en color del diario Le Figaro. La AFP pagó 60.000 francos (un millón y medio de pesetas) al abogado, distribuyó entre todos sus clientes dos fotos de Rezala y vendió el resto -más de 20 clichés- a Figaro Magazine por 500.000 francos (12,5 millones de pesetas). Con ellos, la publicación ilustró una entrevista-confesión que fue publicada en el número del 20 de mayo pasado.

La Sociedad de Redactores de France Presse ha exigido "la dimisión inmediata" del presidente-director general de la agencia, Eric Giuly, "y de todos los miembros de su equipo". El director de información de la agencia, Denis Brulet, ha ofrecido su cabeza para salvar la del presidente, pero éste ha rechazado el sacrificio de su colaborador. Una asamblea del personal de la agencia, celebrada el martes, votó con amplísima mayoría una moción "de desconfianza" hacia la jerarquía de la agencia, por la violación de "las reglas deontológicas más elementales".

En este asunto, France Presse parece haber actuado como una empresa privada; al mismo tiempo, no se planteó reparo alguno a la hora de vender imágenes del preso, sin preguntarse si éste estaba o no de acuerdo en dejarse fotografiar, máxime cuando en varias de las fotos Rezala aparece durmiendo.

Se da la circunstancia de que este asunto se produce cuando acaba de aprobarse una ley que protege la propia imagen y prohíbe reproducir fotos de personas esposadas mientras no hayan sido condenadas. La ley, defendida por la ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, prevé también multas importantes para quienes publiquen "imágenes degradantes de víctimas" de atentados o accidentes. Sólo la persona fotografiada puede querellarse si no está de acuerdo con lo publicado, pero eso ha bastado para que los directores de semanarios en los que la información gráfica es muy importante hayan denunciado "un retorno de la censura" a Francia.

El futuro de una agencia pública

El debate planteado por la obtención y venta de las fotos del supuesto "asesino del tren" se produce sobre un fondo de inquietud respecto al futuro de la agencia pública de noticias francesa.

La eficacia comercial contra el respeto a las normas deontológicas, que es el punto crucial del debate interno en France Presse, no oculta los problemas de futuro en una empresa de información cuya financiación depende casi enteramente del Estado; y en la que los intentos de cambiar su estatuto, para aliarse con empresas privadas y desarrollar una alternativa a las otras grandes agencias internacionales, se ha estrellado hasta ahora con la cerrada oposición de la mayoría del personal de France Presse y de los sindicatos.

Las tensiones se han manifestado de nuevo con el voto de censura a la dirección de la agencia, que una reunión in extremis entre los representantes sindicales y el presidente de la empresa estatal, el lunes pasado, no logró parar.

El estallido se produce, además, en vísperas de que el Consejo de Administración de France Presse aborde un plan estratégico para cinco años, sus problemas financieros y las medidas a tomar. El Gobierno francés, representado en ese órgano de administración, es parte interesada en el debate sobre el futuro de la agencia.