Clamor

Mientras la oposición valenciana recorre lentamente el largo camino hacia su rearme y depuración las noticias que trasladan los errores gubernamentales hasta el público se convierten en pasto de debate político de la mano de los comunicadores. Parece como si la prensa estuviese agazapada en los bancos de la oposición tomando debida nota de discursos, propuestas, renuncios y correcciones para convertirlos de inmediato o en argumento a favor del gobierno o en cebo para que la oposición se manifieste, después de ofrecerle la primicia. No es la primera temporada que eso ocurre entre nosotros; hubo un tiempo -que duró y mucho-, en que ciertos medios de comunicación llevaban la batuta de la oposición y movían cuerdas y metales a su antojo.La noticia que daba cuenta del discurso que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, había dirigido a militantes de Nuevas Generaciones a propósito de lo que según el presidente predomina entre los estudiantes activistas universitarios valencianos, ha desatado un rosario de comunicaciones, declaraciones institucionales y posicionamientos de toda suerte de colectivos políticos escenificando, de nuevo, el desencuentro entre el PP y al menos la mitad de las universidades ubicadas en nuestra Comunidad.

Cuando escribo esta columna aun no se ha producido el anunciado comunicado conjunto de las universidades (o de tres de ellas), pero es de prever que va a reproducir los tradicionales argumentos en favor de la autonomía universitaria que se esgrimen como antídoto cada vez que hay un desacuerdo grave entre ellas y el Gobierno valenciano. Pero precisamente a pocas semanas del nombramiento del nuevo director general que ha de ocuparse de nuestras universidades desde el Gobierno -a tenor de todos los testimonios, alguien históricamente muy cercano a lo que parecen significar las mayorías que gobiernan nuestras academias mayores- parece impropio que tomando el rábano por la hojas de unas declaraciones cuyo contexto y exactitud se han exagerado, quizás con la loable intención de recordar que la libertad de expresión y la responsabilidad política deben guardarse mutuamente respeto, se arroje un jarro de agua fría sobre la recién estrenada etapa de esperanza en la colaboración que suponía la inteligente iniciativa gubernamental de nombrar como interlocutor a alguien que sintoniza con quienes gobiernan nuestras universidades.

Es tan costoso reconstruir los puentes del diálogo y de la colaboración cuando las partes se acostumbran a ignorarse después de fases de enconado desencuentro, que hemos de preguntarnos si este clamor que han desatado las palabras de Fabra no será una forma de cerrar de nuevo los portones que llevan de una parte a otra y de otra a esta, creyendo que es más importante endosar a unas opiniones de un responsable político la supuesta prueba de que, en realidad, el PP busca machacar literalmente nuestras universidades para hacerlas dóciles al poder político, que preservar la esperanza.

Se comete un grave error cuando se argumenta que la Universidad debe resistirse por norma al poder y representar una a modo de conciencia civil, porque eso es desconocer que es tan Administración como la Generalitat, que el interés de la comunidad científica y educativa y la expectativa de la sociedad que acude allí a formarse implican que los gobiernos de Universidad y Generalitat están obligados sin excusas a entenderse para cumplir sus cometidos y no defraudar a la sociedad.