IU propone en Benalmádena alejar las antenas de telefonía móvil a más de 500 metros de los colegios Los efectos sobre la salud de los repetidores empiezan a preocupar a los ciudadanos

Más de 10.000 antenas de telefonía móvil coronan otros tantos edificios, torres y montes de España. La cantidad es tan grande como escasa la legislación. No existen conclusiones médicas tajantes sobre su repercusión para la salud. Sin embargo, cada informe incluye recomendaciones de precaución con el uso de los teléfonos móviles. Sobre las antenas, que multiplican la emisión de radiaciones, hay aún menos documentación.Pero Izquierda Unida ha propuesto en Benalmádena (Málaga) alejarlas 500 metros de colegios o lugares frecuentados por niños y 150 del resto de lugares habitados.

Algunos vecinos de Benalmádena han mostrado por carta su inquietud a las autoridades municipales. Otros, ciudadanos británicos, han llegado más lejos y han escrito a europarlamentarios de su nacionalidad para que se interesen sobre el asunto. No en vano, Málaga es la tercera provincia en uso de teléfonos móviles del país, detrás de Madrid y Barcelona. Enrique Nicora es el concejal de IU en Benalmádena que ha hecho la propuesta de alejar las antenas de las personas. De su petición, pionera en España, ya le ha enviado copia a algunos concejos asturianos que se lo han solicitado. Después de navegar, casi bucear, por Internet, Nicora reconoce que no ha encontrado mucha información sobre el asunto y, por supuesto, ninguna conclusión definitiva. Sólo algunas localidades de Australia, según ha comprobado en la red, ejercen algún tipo de prevención con estas ondas electromagnéticas, estableciendo distancias mínimas entre los ciudadanos y las antenas. El concejal de IU se ha inspirado también en una sentencia de un juzgado de Murcia sobre un transformador eléctrico propiedad de la empresa eléctrica Iberdrola, situado en un edificio habitado, que genera más microteslas (unidad de medida de las radiaciones electromagnéticas) de las autorizadas (0,3). Nicora afirma que Iberdrola deberá rebajar las emisiones de su maquinaria al nivel permitido, trasladar el transformador o comprar la vivienda de los inquilinos. El representante de Izquierda Unida basa su propuesta en que las antenas de telefonía móvil emiten ese mismo tipo de ondas aunque reconoce que no tiene cuantificada la radiación.

La UE ya ha constituido un grupo de trabajo denominado Reflex 2000 que ha ofrecido algunos consejos que después la Comisión ha convertido en recomendación, que no ley, de la que ha salido la propuesta de Benalmádena. La iniciativa de IU, no ha sido aprobada aún, pero sí se ha creado una comisión para analizar el asunto.

Nuevo paisaje

La proliferación de antenas de telefonía móvil es un fenómeno difícil de atajar. Todo lo concerniente a las comunicaciones inalámbricas ha sido declarado por el Ministerio de Fomento como "de utilidad pública". Luego, la falta de legislación, la nula voluntad de las distintas operadoras de compartir equipamientos y la generosa contribución de las compañías a las comunidades de vecinos hacen el resto.

El paisaje español de este final de siglo quizá se caracteriza más por la gran cantidad de antenas de telefonía móvil que, por ejemplo, por el número de toros de Osborne. Es fácil instalar repetidores en suelos rústicos, aparentemente vetados a la construcción. Donde no cabe otra cosa, cabe una antena. En el ámbito urbano, sólo las diferentes normativas municipales sobre obras regulan su instalación. A las operadoras les basta con solicitar una licencia de obra en la que sólo deberán indicar, genéricamente, la actividad pero no las características técnicas de los equipos que van a operar sobre las cabezas de muchos vecinos. Según un especialista en telecomunicaciones, el futuro es aún más complicado, ya que la telefonía que viene dará, sin duda, mejor calidad, pero estará basada en una red más tupida de antenas aún que la actual.

Tampoco es extraña la facilidad con las que muchas comunidades de vecinos dejan instalar en sus azoteas estas antenas; una cifra que varía entre 60.000 y 100.000 pesetas de renta por mes (entre 700.000 y 1.200.000 pesetas anuales) ablandan las reticencias de los presidentes, hartos a veces de reclamar la mensualidad de la comunidad, y hacen olvidar cualquier posible problema de salud. También es cierto que las operadoras tienen prevista la contingencia de que a los vecinos les preocupe la repercusión para su salud. A falta de estudios propios, algunas de estas compañías muestran a los presidentes vecinales un documento repleto de informaciones en las que diversos estudios científicos concluyen que no existe problema alguno para la salud.