La clínica Dator denuncia por coacciones a la policía por tratar de impedir un aborto

La clínica Dator de Madrid, adonde acudieron el jueves agentes del Cuerpo Nacional de Policía para impedir un aborto supuestamente ilegal, decidió ayer responder a esta actuación con una denuncia. El centro, en palabras de su portavoz, demandó a la policía por "hostigar y coaccionar a las mujeres que se acercaban al centro" y contra el grupo antiabortista Provida que, según la policia, desencadenó la actuación. La asociación que agrupa a las clínicas autorizadas para practicar abortos pedirá explicaciones al Gobierno. La policía mantiene que se limitó a investigar una denuncia.

Una representante de la clínica presentó la denuncia ayer, sobre la una de la tarde, en la comisaría de Tetuán, la misma a la que pertenecen los agentes que acudieron el jueves por la mañana al centro para impedir un supuesto aborto ilegal. La denuncia insiste en que dichos funcionarios no proporcionaron a los responsables del centro médico, acreditado desde 1986 para realizar abortos, ninguna orden judicial o administrativa que paralizara la intervención y que coaccionaron con su presencia. Según explicó su portavoz Luisa Torres, su actitud -solicitaron a las mujeres que acudían a la clínica el documento nacional de identidad- "a unas mujeres que acuden a un centro legal a ejercer un derecho".La Jefatura Superior de Policía de Madrid defiende la actuación de sus agentes: "Nos limitamos a acudir al centro para comprobar una denuncia. Luego se tomó la filiación de varias personas para seguir con las verificaciones".

Los hechos son confusos si se atiende a las distintas versiones. Lo único en la que todas coinciden es que sobre las 9.30 del jueves dos policías se acercaron hasta la clínica y comunicaron a sus responsables que tenían indicios de que se iba a realizar un aborto ilegal (la ley sólo ampara la interrupción voluntaria del embarazo tras una violación, por malformación del feto o cuando existe peligro para la madre).

Orden judicial

Según la policía, habían sido dos activistas de Provida -Jesús María Poveda y M.C.- quienes habían presentado una denuncia en la comisaría de Tetuán. La portavoz de la clínica, Luisa Torres, señaló que "no sabían ni el nombre de la mujer", motivo que llevó a los responsables del centro a solicitar la orden judicial.

Horas más tarde la policía sí tenía un nombre. La abogada de Dator, la diputada autonómica y senadora del PSOE-Progresistas Cristina Almeida, sospecha que lo averiguaron en la misma puerta del centro porque fue el propio comisario de Tetuán quien llamó a la clínica para advertirles que no podían realizar el aborto.

La propia mujer, que se plantea denunciar a la policía, cuestionó ayer la versión dada por el jefe superior de Policía de Madrid. "Me pidieron el carné cuando llegaba a la clínica con mi hermana y me amenazaron con detenerme si no lo hacía", aseguró. La mujer, que desea permanecer en el anonimato, subrayó que nunca antes había visto a los miembros de Provida y que es imposible que supieran su nombre porque su situación "sólo la conocen tres personas".

El activista de Provida, Jesús María Poveda, negó ayer haber dado nombre alguno a la policía y subrayó que los "asesores" de la organización, que acuden a Dator "varias veces por semana" desde 1988, "nunca denuncian a las mujeres, sino a la clínica".

Es la segunda vez en pocos días que Dator, que realiza 5.000 abortos al año, recibe la visita de la policía. La segunda ha provocado la indignación de la Asociación de Centros Autorizados para Interrupciones voluntarias del embarazo (ACAI), que agrupa a la mayoría de las clínicas abortistas. Su presidenta, Consuelo Catalá, aseguró ayer que, si bien los médicos que practican abortos están acostumbrados al acoso de los grupos Provida, "no es normal que la policía les ampare".

"No podemos permitir que este tipo de situaciones se de en clínicas autorizadas y controladas por la Administración", aseguró Catalá, quien va a pedir sendas reuniones con los ministros del Interior y Sanidad, Jaime Mayor Oreja y Celia Villalobos, respectivamente, para que el Gobierno aclare su posición. De la misma opinión es la diputada socialista Micaela Navarro, quien ya el jueves había pedido la comparecencia de Mayor en el Congreso. Por su parte, Cristina Almeida pedirá explicaciones en la Asamblea de Madrid al delegado del Gobierno, Franciso Javier Ansuátegui. Todas ellas temen que esta actuación concreta sea un síntoma de una posible "vuelta a la carga" contra los médicos que practican abortos.

En 1998, últimos datos que tiene el Ministerio del Sanidad, abortaron de forma legal en España 53.847 mujeres. De ellas el 96,53% escogieron un centro privado, son pocos los hospitales públicos en los que se realiza esta intervención por la objeción de su personal, y el 97,3% se acogieron al supuesto de grave perjuicio para la salud de la madre.