Plan de choque
Después de intentar negar las evidencias, el Gobierno ha reaccionado por fin de la única forma sensata en un asunto tan delicado como el de las listas de espera en cirugía cardiaca: adoptando medidas para reducir los actuales tiempos de demora. El hecho de que fuera el mismo presidente del Gobierno quien anunciara en el Congreso que se va a aumentar la actividad quirúrgica en 13 hospitales del Insalud indica que el Ejecutivo ha asumido al fin que ésta es una cuestión de primera magnitud política que no podía despachar maquillando la realidad o con simples evasivas. Bienvenida, pues, la rectificación del Gobierno, pero para ser completa debería concretar mucho más el contenido y la financiación de este plan de choque. Para que no se convierta, como ha ocurrido en otras ocasiones en que se ha abordado el problema de las listas de espera, en un enunciado de buenas intenciones y malos resultados.Es positivo que el Gobierno quiera consensuar con las comunidades autónomas los detalles del plan de choque a aplicar, porque éste es un problema que afecta a todo el país y debe resolverse solidariamente. Si hay un ámbito en el que las desigualdades territoriales son ofensivas, ése es el de la salud. Pero para que este plan sea efectivo no basta con resolver el actual atasco, es preciso evaluar con el máximo rigor las necesidades a medio plazo y destinar los recursos adecuados. Nos encontramos ante un fenómeno evidente de crecimiento de demanda, originado por una mayor esperanza de vida y el propio progreso de la medicina, que no ha encontrado una inyección económica equivalente.
Cualquier plan de choque contra las listas de espera sólo será creíble si se plantean dos premisas: el establecimiento legal de un tiempo máximo de espera y un incremento neto del presupuesto sanitario. Lo primero obliga a los gestores sanitarios a extremar la agilidad y da a los ciudadanos la garantía de que, si en ese plazo de tiempo no se les ha resuelto el problema, pueden hacerlo por su cuenta, con cargo al erario público. Pero una garantía de este tipo debe ir acompañada de mecanismos de vigilancia para evitar actuaciones espurias destinadas a fomentar las listas de espera en los centros públicos con el objetivo de beneficiar a los privados.
En España, la proporción del gasto sanitario respecto del PIB está aún muy por debajo de la media europea. Hay, pues, que invertir más en sanidad. De lo contrario, lo que ahora se destine a reducir la demora en cirugía cardiaca se detraería de otras partidas igualmente necesarias. En cualquier caso, el problema de las listas de espera debe enmarcarse en un plan más amplio de optimización del sistema sanitario, porque, en cuestiones de salud, las respuestas compulsivas no suelen ser las más acertadas.
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