Plata dice que Bruselas quiere reducir en 33.000 millones la ayuda al algodón

COAG, UPA, las cooperativas y los representantes de las desmotadoras anunciaron ayer la creación de la Asociación Andaluza del Algodón; sólo faltó Asaja, que reivindica la formación de una agrupación interprofesional. El sector, eso sí, es unánime en su rechazo a la última propuesta de la Comisión Europea, que quiere evitar desviaciones presupuestarias con más penalizaciones a las ayudas por exceso de producción. "Lo que busca Bruselas es ahorrarse 200 millones de euros [33.250 millones de pesetas]", aseguró el consejero de Agricultura, Paulino Plata, en la presentación de la asociación.

Los ingresos de más de 12.000 agricultores andaluces y el funcionamiento de una veintena de desmotadoras dependen, en gran medida, de fondos comunitarios. La Comisión Europea aprobó en 1995 un régimen de ayudas (que debe revisarse este año) que recogía una cantidad máxima de garantía para los dos principales productores, Grecia (782.000 toneladas), y España (249.000 toneladas). La ayuda se estableció como la diferencia entre un precio objetivo, que fija la Comisión (176,8 pesetas por kilogramo) y el precio mundial ( 53,8 pesetas por kilogramo, según los últimos datos de marzo). En caso de que los productores (Andalucía concentra el 98% del cultivo en España) rebasen la cantidad asignada, hay prevista una penalización del 0,5% en la ayuda. Es decir, si la producción española alcanza, como en las dos últimas cosechas, las 390.000 toneladas (un 56% más que la cuota prevista), la ayuda se reduce en un 28%. Ahora, la Comisión, que discutirá la reforma a partir de septiembre, pretende elevar la penalización al 0,6%. "Con esta propuesta, se pone en riesgo el 40% de las explotaciones", advirtió Plata.

El consejero indicó que los análisis de Bruselas parten de un precio de mercado (32,8 pesetas por kilogramo), de diciembre de 1999, excepcionalmente bajo por las exportaciones masivas de China. "Ahora, el mercado ha recuperado la normalidad", aseguró Plata. Lo que significa que la Comisión no debe gastar tanto como calcula (el año pasado destinó 28.000 millones al sector andaluz), no habría desviación presupuestaria, y por tanto, según el argumento de la Junta, no habría justificación para el aumento de las penalizaciones