El Gobierno recomendó a Caja Vital implantar un código ético para sus órganos directivos

La implantación de un código ético exigible a los miembros de sus órganos directivos fue una de las cuestiones planteadas a la Caja Vital, el pasado mes de diciembre, por la Viceconsejería de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco en el informe de inspección que confirmó varias irregularidades relacionadas con el grupo del empresario José Antonio Gordo. El anterior vicepresidente de la Vital, José María Guerenabarrena, del PNV, logró que el Gobierno levantara la obligación de leer el informe de la inspección en la asamblea general de marzo que supuso la pérdida de la caja por los nacionalistas.

Una de las primeras tareas abordadas por la nueva dirección de la Vital, que preside el abogado Pascual Jover, ha sido la redacción de este código ético, denominado "Reglamento de Funcionamiento y Buen Gobierno de los Órganos de Dirección de la Caja", según informó el pasado 19 de mayo. Con él se pretende, señalaba el comunicado oficial, evitar "situaciones no deseadas por la entidad", como las que quedaron de manifiesto con la auditoría interna que ordenó el pasado verano el anterior presidente de la Vital, Juan María Urdangarín, y ratificó posteriormente el servicio de inspección de la Viceconsejería de Hacienda y Finanzas, que controla las cajas vascas.En el informe de la inspección, remitido en diciembre por el viceconsejero Juan Miguel Bilbao, se recomendaba a la dirección de la Vital que implantara un código ético al que deberían ceñirse sus directivos y consejeros, y así lo hizo el anterior presidente. Sin embargo, en la sesión del pasado 20 de enero, el viejo consejo de administración rechazó el código de conducta propuesto por Juan María Urdangarín. En aquel momento había llegado a su punto más alto la pugna planteada por José Antonio Gordo a raíz de que el entonces presidente de la entidad ordenara investigar los negocios inmobiliarios realizados con la caja por el empresario, tras unas maniobras de éste que Urdangarín consideró lesivas.

La tradicional influencia de Gordo en el seno de la caja llevó entonces a que el propio consejo de administración se negara a darse por enterado de los resultados de la auditoría interna, que afloró varias operaciones dudosas protagonizadas por el empresario inmobiliario y alguno de sus socios. Entre ellas figura la adquisición de la antigua sede institucional de la caja en la calle San Prudencio a un precio muy inferior al tasado o la cesión gratuita de por 35 años de la segunda planta del aparcamiento del centro comercial Dendaraba, a cambio de un derecho de paso en favor de la caja que ya tenía reconocido en escrituras.

Lectura pública

Así mismo, la mayoría del anterior consejo recibió con desagrado el informe de inspección del viceconsejero de Hacienda y Finanzas, que en su punto sexto se refería a las operaciones citadas, de las que "pudieran derivarse perjuicios patrimoniales" para la caja. Tras resaltar que en ellas se vulneraron varios preceptos de la ley de Cajas de Ahorros vascas, el viceconsejero reclamaba las "medidas oportunas" para corregir dichas actuaciones, recomendaba introducir un código ético e imponía, como marca la norma, la lectura pública del informe en el consejo de administración y la asamblea general de la entidad.

En una reunión conjunta de la comisión de control y el consejo de administración de la caja, con Juan María Urdangarín ya ausente por enfermedad, se llegó a acordar que no se leyera el informe ante la asamblea general. Se estableció así un sordo pulso entre el anterior consejo y la Viceconsejería de Hacienda y Finanzas. La entrada en febrero de nuevos consejeros en representación de las instituciones favoreció la distensión, pero se planteó entonces un problema de oportunidad política.

En la asamblea general del 30 de marzo se sustanciaba la apuesta de los partidos constitucionalistas (PP, PSE e IU) por arrebatar al PNV el control de la Vital, tras haberlo ostentado de forma absoluta durante dos décadas. La partida se jugaba con una gran incertidumbre sobre el resultado -al final, las fuerzas no nacionalistas se impusieron por sólo dos votos de diferencia- y todos los partidos convinieron en que la lectura del informe de inspección en la que se anunciaba una tensa asamblea podría conducir a una "situación escandalosa", según opina un consejero.

Por ello, el vicepresidente primero de la Vital, Guerenabarrena -una enfermedad apartó al presidente Urdangarín de la dirección desde finales de enero- hizo gestiones ante el Departamento de Economía y Hacienda para que se eximiera al consejo de la obligación legal de leer a la asamblea el informe de la inspección. No obstante, desde el Gobierno se indicó a Guerenabarrena, histórico hombre fuerte del PNV en Álava, que el consejo debía cursar la petición por escrito y comprometerse a llevar a cabo las correcciones y recomendaciones de la inspección. Así lo hizo Guerenabarrena el día 28 de marzo, sólo dos días antes de la decisiva asamblea general. En su escrito, el entonces vicepresidente primero de la Vital basa su petición en el "deterioro de la imagen de la entidad" que supondría la lectura pública de la inspección ante el centenar de asambleístas.

Un portavoz del Departamento de Economía y Hacienda confirmó estos extremos y aseguró que el Gobierno quiso conjugar el rigor con la evitación de perjuicios a la entidad . "Se hizo lo que se consideró que se tenía que hacer", sentenció.