Bruselas propone un estatuto para la protección del refugiado

La Comisión Europea va a proponer a los Quince el establecimiento de un estatuto jurídico común para la protección temporal de refugiados a fin de afrontar casos dramáticos como el de la guerra de Kosovo. El Ejecutivo comunitario ha aprobado una directiva que presentará el próximo lunes al Consejo de Ministros de Interior y Justicia. El proyecto ha sido elaborado por el comisario responsable del ramo, Antonio Vitorino, y establece normas mínimas para la protección provisional de personas desplazadas en caso de flujos masivos e independientemente de una eventual concesión de asilo.De aprobarse por el Consejo de Ministros y por el Parlamento, la propuesta permitirá a los gobiernos conceder estatutos de protección temporal a los refugiados por un periodo máximo de dos años. El Consejo podrá suspender la protección si las condiciones lo permiten. Este dispositivo es hasta ahora arbitrario y varía entre seis meses y seis años. Algunos países de la UE prevén la posibilidad de suspender la solicitud de peticiones de asilo durante el periodo de protección de temporal.

Los beneficiarios tendrán derecho a un permiso de residencia válido para el periodo de acogida, información adecuada, acceso a un puesto de trabajo, alojamiento, una ayuda social, atención médica, educación para los menores y derecho a vivir en familia. Se prevén disposiciones para víctimas de traumas como violación u otras formas de violencia física. La propuesta implica también mecanismos de solidaridad entre los Estados miembros a través de un instrumento financiero comunitario, el fondo europeo para los refugiados.

La idea de unificar criterios en materia de asilo se ha convertido en urgente a raíz del notable incremento de flujo de inmigrantes que se registra desde principios de los noventa, acentuado durante la guerra en Kosovo. El Tratado de Amsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999, establece que las cuestiones ligadas al asilo son competencia comunitaria. El tratado prevé especialmente la adopción de normas mínimas para la concesión de protección temporal a desplazados. Sin embargo, hasta ahora no ha habido consenso y hay divergencias en la aplicación.