Bruselas abre un debate para revisar sus directivas sobre comunicaciones Mónica Ridruejo propone diferenciar entre cadenas públicas y privadas

La Comisión Europeaha abierto un debate para revisar la actual legislación comunitaria en materia de comunicaciones, a través del cual se pretende clarificar la maraña de directivas relacionadas con el sector: señales de televisión, satélite, cable, Internet, telefonía. En este marco, la eurodiputada Mónica Ridruejo ha propuesto en el Parlamento la reforma "urgente" de la directiva sobre Televisión sin Fronteras.

A partir del documento titulado Revisión de 1999 del sector de las comunicaciones, la Comisión sugiere la conveniencia de reducir de veinte a seis las medidas legales relacionadas con la Sociedad de la Información. Con ello persigue fortalecer la competencia de un sector en alza y de paso mejorar las condiciones para que bajen los precios y se incremente la calidad de los servicios.En el marco creado por este examen de directivas comunitarias, la eurodiputada española Mónica Ridruejo, ex directora general de RTVE, ha presentado una ponencia en la que propone una nueva lectura de la directiva sobre Televisión sin Fronteras para dar "una interpretación consistente de todos los servicios de comunicaciones".

En su ponencia -que fue aprobada por unanimidad en la comisión de Cultura y Medios de Comunicación del Parlamento Europeo, el pasado miércoles- Ridruejo solicita adelantar al año 2001 la revisión de dicha directiva. Argumenta que el mercado audiovisual es cada vez más innovador y presenta elementos de competencia que exigen una reforma legislativa.

La directiva sobre Televisión sin Fronteras regula cuestiones como los límites publicitarios en las televisiones, los cortes de las películas que se difunden por cada cadena o las cuotas de programación de origen comunitario. En el caso español, además, se le añadió la obligación legal de que las televisiones inviertan un 5% de sus ingresos en la financiación de obra cinematográfica. A tales normas están sometidas tanto las cadenas públicas como las privadas, pese a que el régimen de financiación es radicalmente diferente: las públicas acceden al mercado publicitario y a subvenciones, mientras que las privadas viven sólo de ingresos publicitarios.

La ponencia defendida ante la Eurocámara insta a una clara separación entre las normas que deben regir las televisiones públicas y las que se han de aplicar a las privadas en abierto, con independencia del sistema de transmisión que utilicen. Asimismo recalca la necesidad de establecer normas para los diferentes modelos audiovisuales: emisiones en abierto de las televisiones generalistas, temáticas, de pago, premium, pago por visión, servicios interactivos y plataformas digitales multicanal.

Una de las cuestiones que enfatiza la eurodiputada consiste en clarificar los conceptos de "servicio público" y de "interés general" de las comunicaciones. Así, especifica que deben marcarse los límites entre televisiones en abierto gestionadas por entidades privadas y televisiones públicas.

Establecer una clara separación entre las normas de la televisión pública y la privada permitiría, según Ridruejo, estudiar "opciones" en cuestiones como la financiación y otros asuntos "que dificultan la liberalización regulatoria audiovisual y la competencia". Aunque el informe no desvela por dónde iría esta reglamentación diferenciada, sí menciona que las televisiones públicas seguirían reguladas por el Tratado de Amsterdam para garantizar "la pluralidad y la diversidad" de los diferentes Estados.

En su ponencia, Ridruejo recomienda también la incorporación de descodificadores con estándares europeos. De hecho, la UE trabaja desde hace tiempo en el desarrollo de una norma europea para la difusión de la televisión digital y de otros servicios digitales.