Educación destina 937 millones a formar a jóvenes sin el graduado
El Consejo de Gobierno aprobó ayer la concesión de 937 millones de pesetas para desarrollar programas de iniciación profesional durante el próximo curso 2000-2001. Estos programas van destinados a los jóvenes de entre 16 y 21 años que no han superado la Educación Secundaria Obligatoria (de 12 a 16 años). En la actualidad cerca de 2.500 jóvenes están matriculados en los centros de iniciación profesional del País Vasco, que en su mayoría pertenecen a los ayuntamientos y funcionan a través de convenios con Educación.Los 937 millones se reparten en dos partidas: 777 millones irán a los ayuntamientos y los 160 restantes serán para las entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen acciones formativas para jóvenes. Con este dinero se cubrirá la primera parte del curso, ya que la financiación completa asciende a 1.600 millones de pesetas. Educación impulsará a partir del próximo curso una profunda reforma de la iniciación profesional. Hasta ahora, los alumnos recibían formación durante un curso sobre algún oficio para intentar acceder al mercado laboral. Sin embargo, no obtenían ningún certificado oficial que acreditara las destrezas profesionales adquiridas. A partir de setiembre, la formación será de dos años (2.000 horas) y los estudiantes que finalicen recibirán una certificación oficial. Los jóvenes podrán acceder al mercado laboral o bien cursar un ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Medio tras superar un examen. Más de 4.000 escolares no consiguen superar la Secundaria y de ellos 2.500 optan por los cursos de iniciación profesional.
Órgano consultivo
El consejo también autorizó un gasto de 231 millones de pesetas para el programa Irale, destinado a euskaldunizar a los porofesores no universitarios que no disponen de perfil lingüístico para dar clases en euskera.
Además, el consejo dio luz verde a la creación del órgano consultivo de puertos y asuntos marítimos vascos, que quedará adscrito al Departamento de Transportes y Obras Públicas, aunque no participará en su estructura jerárquica. El objetivo de este nuevo foro es analizar, informar y asesorar sobre los proyectos y disposiciones normativas que elabore la consejería, así como transmitir al consejero sugerencias sobre la actividad y la vida portuaria y las infraestructuras de puertos existente en la comunidad.
Por otra parte, el Gobierno se ha mostrado en contra de la toma en consideración por parte del Parlamento de una proposición de ley del PSE que pretende modificar parcialmente la Ley de Territorios Históricos (LTH). El PSE requiere en su propuesta un cambio de la LTH que derogue la competencia que tienen las diputaciones vascas en materia de policía de aguas y que ésta pase a ser del Ejecutivo. El Gobierno considera que cualquier modificación de la LTH exige, en primer lugar, un consenso político y, sobre todo, una consulta a las instituciones forales.
