La OEA se plantea retirar su misión de Perú por la falta de garantías electorales

La presión internacional a favor de un aplazamiento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, por falta de garantías, dio ayer una nueva vuelta de tuerca, cuando la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió retirarse temporalmente de las actividades relacionadas con el cómputo de los votos. Por el momento, la misión de la OEA no saldrá de Perú. La decisión es la respuesta al ensayo del domingo realizado por la oficina de recuento de votos.

Este ensayo fue calificado de sonoro éxito por los organizadores y de estrepitoso fracaso por los observadores internacionales y peruanos. EEUU apoya la decisión de la OEA y la reclamación de esta organización y del candidato de la oposición, Alejandro Toledo, de un aplazamiento para lograr unos comicios "limpios y transparentes". Ayer, Toledo presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la carta en la que comunica su intención de "abstenerse" de participar en la segunda vuelta del día 28 de mayo. "Apoyamos plenamente los esfuerzos de la misión de la OEA para encontrar una solución razonable y equitativa al estancamiento político actual", dijo en Washington Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado. EEUU ha hecho un llamamiento a la colaboración de las autoridades electorales y fuerzas políticas para que Perú tenga unas elecciones con plenas garantías democráticas. Ante la avalancha de denuncias, el JNE ha mostrado las primeras divergencias entre sus miembros. Rómulo Muñoz Arce dejó abierta la puerta a un aplazamiento de la segunda vuelta, mientras que su colega Carlos Bringas afirmó que sólo un terremoto forzaría un cambio de fecha, y llegó a insinuar que Toledo podría ir a la cárcel por llamar a los peruanos a no votar. Los responsables del JNE departamental de Ica y Chanchamayo, en el departamento de Junín, pidieron el retraso de los comicios.

"El sistema de cómputo se encuentra listo y operativo... Se han incorporado todas y cada una de las sugerencias y recomendaciones que se hicieron durante el desarrollo del primer simulacro", afirma el comunicado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), difundido reiteradamente por la radio y televisión e insertado en los medios de prensa. No hay, por lo tanto, motivo alguno para postergar los comicios, asegura la ONPE. Y no sólo eso: recuerda a la ciudadanía que no votar el 28 de mayo implica una multa de 32 dólares (casi 6.000 pesetas) y la inhabilitación para una larga retahíla de derechos, como la obtención de pasaporte.

La respuesta de la OEA y de la Defensoría del Pueblo, que estuvieron presentes en el ensayo, no se hizo esperar. "Estamos particularmente alarmados. La máquina de contar votos no funciona bien. Ha quedado una vez más en tela de juicio el ente electoral de Perú", dijo ayer a EL PAÍS el embajador Eduardo Stein, jefe de la misión de observadores de la OEA, que precisó que la actitud de la autoridad electoral peruana "ya no se puede explicar sólo por problemas técnicos, sino por una intención política de engañar". "El cómputo general no alcanzaba a contar los votos, los esfumaba. Están proyectando una imagen que no se corresponde con lo que pasó".

Gino Costa, que estuvo presente en el simulacro al frente de 34 supervisores técnicos de la Defensoría del Pueblo, sentenció: "La ONPE no ha pasado el examen. No se ha podido probar el sistema de transmisiones de los resultados desde los distintos centros de cómputo en todo el país, y tampoco se ha podido comprobar la consolidación de resultados", que equivale a la suma de los datos recibidos desde los 57 centros de cómputo. El propio defensor del pueblo, Jorge Santistevan, calificó la oficina de recuento de "caja negra", advirtió de los riesgos de "una elección de pies de barro", e insistió en que hace falta más tiempo para que los peruanos puedan acudir a las urnas con las garantías mínimas de que se respetará su voluntad.

Convencer a los convencidos

El simulacro, que tendrá una segunda parte mañana, sólo convenció a quienes ya estaban convencidos, es decir el Gobierno y los distintos organismos dependientes. La OEA difundió en la mañana de ayer un comunicado escueto y firme: "La misión de la OEA insiste en la necesidad de un mayor plazo que le permita a la ONPE trabajar, con rigurosidad y planificación, para corregir las deficiencias que se presentan en la organización de la segunda vuelta de la elección de presidente y vicepresidentes de la República y dar a la población las suficientes garantías de que su voto será respetado".

Desde las filas del Gobierno no hubo declaración alguna. Quien sí ha dado un espaldarazo a celebrar los comicios el día 28 ha sido monseñor Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima y miembro del Opus Dei, que desde el púlpito en la catedral de Lima llamó a los fieles a votar el domingo, sin ninguna alusión a las irregularidades detectadas en el sistema de recuento.