El juzgado de Orihuela investiga los vertidos al Segura y recoge muestras Un perito acompaña a la Guardia Civil

El Juzgado de Instrucción número 6 de Orihuela ha ordenado al Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), que realice una inspección ocular y recoja muestras de agua en 22 puntos concretos de vertidos directos de residuos al Segura. Una denuncia por presunto delito contra el medio ambiente ha desencadenado la mayor investigación sobre este río contaminado.

El caso abierto en los juzgados de Orihuela por presunto delito ecológico por un vertido de lodos contaminados del Segura en varios puntos de la comarca de La Vega Baja, se ha ampliado por iniciativa judicial hasta convertirse en el primer proceso amplio sobre la contaminación del cauce del río y sus consecuencias.La magistrada titular del Juzgado número 6 ordenó al Seprona el pasado nueve de mayo realizar una inspección ocular y toma de muestras de 22 puntos de vertidos directos en La Vega Baja. La operación comenzó el 10 de mayo, y se prolongará por el tiempo "necesario" hasta finalizar su cometido. La comisión judicial que acompaña a los agentes en las inspecciones suele ir acompañada por el técnico Luis Burillo, especialista en medio ambiente y perito dependiente de la Fiscalía.

Desde la Comisión Pro-Río de Orihuela destacan la importancia de esta nueva investigación, y no se escatiman elogios ni felicitaciones ante la iniciativa judicial. El portavoz del colectivo, José Antonio Muñoz Grau, destacó su satisfacción: "Es lo que nosotros perseguíamos, una investigación judicial sobre la contaminación del río, los que contaminan y los que permiten que se contamine". Según la plataforma, sólo la vía jurídica permitirá "llegar al fondo del asunto y depurar las posibles responsabilidades de cada Administración o de particulares por la grave contaminación del Segura".

Aunque la denuncia que precedió a la investigación se enmarcaba en el vertido de lodos, los técnicos entienden que si éstos están contaminados es porque el río también lo está. Para Pro-Río, el paso que ha dado la magistrada es consecuencia del volumen de información que ha recibido sobre la problemática. El colectivo, que ejerce de acusación particular en el proceso abierto por vertido de lodos, ha remitido al juzgado oriolano toda la documentación en su poder.

El avance de la investigación judicial se produce días después de que el alcalde de Orihuela firmara un decreto en el que asegura que la contaminación del río supone un "grave riesgo" para la salud y la actividad agrícola, principal fuente de riqueza de la comarca. Ese decreto, que suponía el primer reconocimiento de la gravedad del asunto por una institución pública, obligó horas después a los gobiernos autonómicos valenciano y murciano a asumir que la situación es "grave y preocupante", aunque eludieron calificarla como peligrosa.

Las plataformas que reivindican el saneamiento integral del Segura exigen un caudal ecológico y el cese definitivo de todos los vertidos, además de la dimisión del presidente de la Confederación Hidrográfica, al que acusan de pasividad ante el problema.