Balza asegura que fueron los jueces los que avisaron de que corrían peligro

El 13 de enero pasado la presidenta de la Audiencia de Bilbao, Ana Iracheta, y la mayoría de los ocho jueces y magistrados que figuraban en la documentación incautada al comando Vizcaya se reunieron con el viceconsejero de Seguridad del Gobierno vasco, Mikel Legarda, para estudiar las medidas de protección que debían adoptar ante la amenaza de ETA.Sin embargo, la sorpresa de los jueces fue mayúscula cuando éste les comentó que aún no contaba con las fichas sobre objetivos que el Cuerpo Nacional de Policía había localizado en el piso franco del comando en la calle de Prim de Bilbao y que, por tanto, desconocía cuánta información tenía ETA sobre sus potenciales víctimas y no podía evaluar el nivel de riesgo que asumían. No obstante, intentó tranquilizarles remitiéndose a las declaraciones del entonces secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxà.

Según explicó el consejero Javier Balza en el Parlamento vasco, fueron los propios jueces los que informaron de que sus nombres figuraban en los documentos del comando Vizcaya, porque así se lo había comunicado personalmente el subdelegado del Gobierno, Eugenio Burgos. El juez decano de Bilbao, Juan Pablo González, en su condición de miembro de la Comisión Mixta de Seguridad, formada por representantes de la Administración de Justicia y de la Consejería vasca de Interior, fue el promotor de la reunión con Legarda.

Fichas informatizadas

Según se supo luego, las fichas sobre los ocho jueces estaban informatizadas, con fotografías escaneadas e incluían, entre otros datos, su fecha de apertura, dirección, cargo y valoraciones sobre sus actuaciones judiciales.

"El PNV está tendiendo las redes en este organismo", se decía en una anotación referida al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, junto a los nombres de algunos de sus miembros.

Los miembros del comando Vizcaya llegaron a encargar tareas de vigilancia en torno al domicilio del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Manuel María Zorrilla, en Bilbao, y al de otro juez que reside en Gernika (Vizcaya). Sin embargo, el colaborador encargado de esta misión declaró que, tras buscarla durante unos 15 minutos, no consiguió localizar la vivienda del presidente del tribunal, ya que la dirección que le dieron estaba equivocada, y algo parecido sucedió en el caso de Gernika, informa Vasco Press.

Las fichas del comando Vizcaya incluían también a dos magistrados que actualmente forman parte del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial pero que antes residieron en Bilbao.