Interior califica de "absolutamente falso" que no informara a Vitoria sobre objetivos de ETA

La falta de coordinación entre el Ministerio del Interior y la Consejería de Interior del Gobierno vasco a la hora de abordar la protección de las personas amenazadas por ETA quedó ayer públicamente de manifiesto. Para rebatir las acusaciones vertidas el jueves en el Parlamento de Vitoria por el consejero vasco de Interior, Javier Balza, el Ministerio del Interior alegó que los mandos de la Ertzaintza no acudieron el 7 de enero a una reunión para tratar sobre la documentación incautada cuatro días antes al comando Vizcaya. Según Balza, los mandos de la Ertzaintza no fueron convocados.

El Ministerio del Interior salió ayer al paso de las durísimas críticas de Balza con una nota en la que tacha de "absolutamente falso" que no se informara a la Consejería vasca de Interior sobre la documentación incautada el pasado 3 de enero al comando Vizcaya de ETA o que se tardara 15 días en advertir de que ocho magistrados y jueces del País Vasco figuraban entre los objetivos de la organización terrorista.La Consejería vasca de Interior replicó con otro comunicado en el que reducía de 15 a 11 los días que tardó el Ministerio del Interior en trasladarle la documentación incautada, pero ampliaba a otros muchos casos la acusación de falta de cooperación, al asegurar que es práctica habitual del departamento que dirige Jaime Mayor Oreja "demorar el traslado de la información obtenida por la Policía Nacional y la Guardia Civil durante un tiempo inaceptable".

La polémica se inició con la difusión de la última Memoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la que los jueces destinados en Euskadi criticaban la tardanza del Ministerio del Interior en trasladar al Departamento vasco de Interior, responsable de garantizar su protección, datos que comprometen su seguridad personal, lo que provoca "zozobra y desconcierto".

Balza había comparecido el jueves ante la Cámara de Vitoria para informar sobre estas críticas y, a preguntas del diputado del PP Carlos Urquijo, aseguró que Interior tardó "más de 15 días" en entregar a los mandos de la Ertzaintza la documentación incautada por el Cuerpo Nacional de Policía al comando Vizcaya de ETA, en la que figuraban datos sobre ocho jueces. "Es una vergüenza", dijo Balza, quien acusó a Mayor Oreja de ocultar deliberadamente información para "debilitar" al Ejecutivo de Ibarretxe.

Siete cargos del PP

Aunque Interior guardó inicialmente silencio y aseguró que el ministro trataría el asunto con Balza en privado, ayer difundió un comunicado en el que detallaba pormenorizadamente lo sucedido. Según su versión, al día siguiente de las detenciones, el 4 de enero, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, el subdelegado en Vizcaya, Eugenio Burgos, y el jefe superior de Policía, Enrique Barón, comunicaron personalmente a los jueces su aparición en las listas halladas a los terroristas.

Este último, asegura Interior, contactó también telefónicamente en varias ocasiones con el director de Seguridad Ciudadana y el responsable de Policía de lo Criminal de la Ertzaintza para abordar este asunto. Sin embargo, según refleja la carta remitida el 7 de enero por el subdelegado del Gobierno en Vizcaya al viceconsejero de Seguridad vasco, Mikel Legarda (reproducida en esta misma página), los representantes del Ejecutivo de Vitoria no acudieron a la reunión convocada para ese mismo día.

En la misiva, Eugenio Burgos expresaba su disposición a fijar una nueva reunión con los responsables de la Ertzaintza y adelantaba al viceconsejero los nombres de las siete personas que, a su juicio, se encontraban "con un mayor nivel de riesgo", al poseer el comando Vizcaya "información detallada" sobre ellas.

Entre los nombres adelantados por el subdelegado, correspondientes todos ellos a cargos públicos del PP vasco, no figuraba ningún juez, de lo que cabe deducir que Interior no los consideró especialmente amenazados.

El 13 de enero, el jefe superior de Policía del País Vasco remitió a Gervasio Gavirondo, jefe de la Unidad de Investigación de la Ertzaintza, una carta (reproducida en esta página) a la que adjuntó "las fichas de información incautadas al comando Vizcaya, así como [la] declaración de los detenidos". Ese mismo día ingresó en prisión el último de ellos.

La versión de la Consejería de Interior es bien distinta. Aunque reconoce tener en su poder la carta de Eugenio Burgos, alega que los mandos de la Ertzaintza nunca fueron convocados a la reunión del 7 de enero, "y así se hizo saber a los mandos de las FCSE [Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado]".

Por el contrario, agrega la nota, "tras diversos contactos telefónicos, se consiguió tener una reunión con el jefe superior de Policía [Enrique Barón] el 12 de enero", pero en la misma tampoco se entregó la documentación incautada al comando Vizcaya, "para lo que hubo que esperar hasta dos días más tarde", el 14 de enero, 11 días después de las detenciones, según la Consejería vasca de Interior.