El puerto de Tarragona pide una solución a la pugna de las tasas
El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Lluís Badia, ha pedido la constitución de una mesa negociadora entre los puertos españoles, los responsables de Puertos del Estado y los ministerios de Fomento y Hacienda para buscar una solución al conflicto suscitado por el recurso interpuesto por las empresas usuarias contra las tarifas de los puertos. Tarragona será uno de los puertos más perjudicados en caso de que las resoluciones judiciales sean contrarias a sus intereses, ya que en ese supuesto deberá devolver un total de 7.000 millones de pesetas de los 35.000 que se calcula para todos los puertos españoles.Además el de Tarragona es uno de los puertos más afectados porque las primeras en recurrir contra las tarifas portuarias, impuestas por una orden ministerial socialista a mediados de los años noventa, fueron las empresas petroquímicas. Estas empresas recurrieron contra las tarifas alegando que debían ser fijadas por decreto ley y no por orden ministerial. Hasta el momento los tribunales les han dado la razón.
Lluís Badia considera necesaria una solución política a este conflicto, "dado que puede llegar a paralizar las inversiones portuarias, lo que afectaría a la expansión logística de los puertos".
60.000 millones
Badia aseguró ayer que en total se está hablando, incluidos intereses y costas, de un capital de unos 60.000 millones de pesetas, que considera que no deberían pagar los puertos, sino que tendrían que ser asumidos por la Administración con cargo a los presupuestos estatales. Y no cree que los puertos deban ser tratados como una sociedad mercantil cualquiera.
Si el puerto de Tarragona está a la cabeza de los que tendrían que pagar una mayor cantidad, el de Barcelona ocupa el segundo lugar, con más de 3.000 millones. Badia recordó que la financiación de los puertos está basada en sus tarifas y que si bien por el momento se continúan pagando, a la espera del dictamen firme de los tribunales, pueden encontrarse con que les lleguen a pagar con un aval. Asimismo ha expuesto su iniciativa a sus homólogos del resto de los puertos españoles y, según ha explicado, "están de acuerdo en mantener la reunión".
Además los puertos deberán pagar a partir de ahora el impuesto de sociedades, del que antes estaban exentos, así como la contribución a Puertos del Estado. El presidente de la terminal de Tarragona alerta de que si no se modifica la situación actual, los puertos pueden verse condenados a tener "números rojos". El presidente de la Autoridad Portuaria insta al nuevo Gobierno a afrontar estos asuntos, de los que depende el futuro de los puertos. Considera que la solución debería concretarse este mismo año, porque de lo contrario los efectos negativos pueden repercutir gravemente en las propias arcas públicas.
