El fiscal pide 13 años de cárcel para el propietario de una cadena de academias

El propietario de la cadena de colegios de formación profesional Academia Central Catalana, Jesús Escudero Ardeo, se sienta en el banquillo acusado de coacción, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes. El fiscal acusa a Escudero de haberse apropiado de casi 158 millones de pesetas cobrados a sus alumnos a lo largo de los años en concepto de cuotas extraordinarias que no debían abonar, así como de otros 96 millones procedentes de subvenciones de la Generalitat al tratarse de centros concertados, y que fueron desviados a sus cuentas particulares.Escudero afronta una petición de 13 años de prisión por los delitos de apropiación indebida y malversación de caudales y de siete meses por los de coacciones y alzamiento de bienes. En el caso también está imputada su mujer, Esther Ares Ares, por los presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y alzamiento de bienes, y la administradora de la Academia Central Catalana, María Martínez Arán, por los de coacciones y malversación.

El caso arrancó en los juzgados al principio de la década de los noventa, cuando padres de alumnos de la academia de L'Hospitalet denunciaron el cobro de unas cuotas de carácter extraordinario para actividades escolares o mejoras en el centro que, a su juicio, no debían pagar por cuanto se trataba de un centro subvencionado por la Generalitat. Esta situación se producía también en las otras academias propiedad de Escudero: tres más en Barcelona y una en Santa Coloma de Gramenet. Entre todas acogían a 2.500 alumnos.

Entre 1990 y 1994, Escudero, "con ánimo de beneficio ilícito", según el fiscal, supuestamente exigió pagos a sus alumnos "por conceptos enmascarados como donativos, matrículas, aportaciones voluntarias, etcétera, bajo amenazas a los padres de que en caso de no pagar no se les entregarían los títulos a sus hijos o se les expulsaría del centro".

De esta manera, el matrimonio Escudero Ares se hizo con 36 millones procedentes del centro de L'Hospitalet, 42 millones de la academia de Santa Coloma y más de 79 de los dos centros de de Barcelona. Estas sumas fueron ingresadas en diversas cuentas corrientes y no revirtieron en mejoras en las academias. Por ello, la Generalitat rescindió el concierto con los centros.

Montante de la apropiación

Esto es algo que también ocurría con las subvenciones que se recibían del Departamento de Enseñanza en virtud de los conciertos educativos de régimen general para la prestación del servicio público de la educación en los centros docentes privados. Entre 1987 y 1994, la Generalitat abonó a Escudero 381 millones por este concepto. Según el fiscal y en base a los análisis periciales llevados a cabo durante la instrucción del caso, los acusados traspasaron 96 millones desde las cuentas de la Academia Central Catalana a las suyas particulares.

Asimismo, el fiscal relata que, dado que Escudero no podía ser titular de ningún centro de enseñanza ni poseer más del 20% de acciones de una sociedad que tuviera como objeto la explotación de centros de enseñanza, "urdió" una serie de transmisiones de acciones, cediéndolas a terceras personas, generalmente profesores del propio centro, que "se veían obligados a aceptarlas, bajo amenaza de despido".