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LA SITUACIÓN DE LOS INMIGRANTES

El delegado para la Extranjería abre esta semana los contactos para reformar la ley

El nuevo delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, el cirujano Enrique Fernández Miranda, será el encargado de iniciar cuanto antes la ronda de contactos con todos los partidos políticos para buscar un consenso en la reforma de la ley que regula ahora la situación de los inmigrantes en España. Fernández Miranda tomará posesión de su cargo con rango de secretario de Estado mañana, martes, poco antes de la reunión convocada por el Comité Ejecutivo Nacional del PP del que aún forma parte como secretario de área de Estudios y Programas. El Ejecutivo del PP ya ha trasladado por distintas vías su interés por empezar las conversaciones con los demás partidos inmediatamente, con el reto de presentar un nuevo proyecto de ley en el Congreso, con los cambios sobre el actual ya negociados, antes de que acabe el actual periodo de sesiones, que termina a finales de junio.

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Fernández Miranda podría pulsar esta semana la opinión de los demás partidos sobre la vigente Ley de Extranjería, aprobada en el último pleno de la anterior legislatura el pasado diciembre. El presidente José María Aznar también retomará esta semana sus contactos con presidentes autonómicos y en breve se citará con el catalán Jordi Pujol.

El presidente de la Generalitat de Catalunya le recordó ayer a Aznar y al PP, en una entrevista con El Periódico de Catalunya, que CiU aceptaría retocar esa ley si se pacta también con el PSOE. Pujol aprovechó, además, para demandar un debate más amplio, "serio y de fondo", sobre la inmigración libre de la "manipulación política". Y recalcó: "Tan importante como la ley es un debate social sobre los pros y contras de la inmigración".

Desde el PSOE ya se adelantó que no entrarán en ese debate si es para recortar derechos y libertades de los inmigrantes. Diego López Garrido, su portavoz en la comisión Constitucional, rebatió la tesis del vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre que la ley actual es mala y mantuvo que es buena porque ha sido "la más consensuada".

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