"Coalición Canaria es ahora más beligerante que nadie"

José Manuel Soria, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con mayoría absoluta desde 1995 y presidente del PP en Canarias desde el conflictivo congreso regional de octubre pasado, encabeza a los políticos de las islas y de su partido que reclaman la reforma urgente de la Ley de Extranjería tras ver confirmados sus negros augurios de que con su aprobación se desataría un efecto llamada hacia España de inmigrantes sin papeles del África subsahariana. Soria es economista del Estado, tiene 42 años y dos hijos.Pregunta. ¿Porqué es tan urgente y prioritario para el Gobierno reformar ahora una ley como la de Extranjería cuando hace cuatro meses se aprobó con un consenso amplio del Congreso de los Diputados?

Respuesta. Porque como ya dijimos en su día el principal problema que presenta esta ley que se aprobó en diciembre es el efecto llamada que para las mafias y las organizaciones criminales ha tenido en términos de igualdad desde el punto de vista de la entrada en España y en Canarias del inmigrante legal, con su documentación al día, del inmigrante ilegal. Esto ha provocado que estas organizaciones mafiosas no sólo se dediquen como hasta ahora a traer a personas del Magreb sino del África subsahariana, de países como Senegal, Gambia, Ghana y Nigeria, orígenes de los cuales nunca antes habíamos tenido procesos de inmigración ilegal tan masivos en Canarias. De hecho, toda esta inmigración subsahariana empieza a producirse justo al mes y medio de la entrada en vigor y publicación en el BOE el 12 de enero de la ley de derechos y libertades de los extranjeros.

P. Algunos partidos de la oposición lo primero que han dicho ante esta iniciativa del Gobierno es que no había dado aún tiempo suficiente para comprobar la validez de esa ley.

R. Desafortunadamente el paso del tiempo nos ha dado la razón a los que dijimos que las mafias que controlan la inmigración se frotaban las manos porque la nueva ley les permitía organizarse mejor.

P. ¿Qué aspectos concretos pretende el PP retocar de la ley?

R. Lo que se pretende retocar es lo que ya planteamos en el Congreso de los Diputados y que venía recogido en las enmiendas aprobadas con CiU en el Senado. Es decir, todo aquello que haga referencia a un mayor control en fronteras y a una mayor regulación de los flujos migratorios. Lo que no cabe tocar y no vamos a tocar es el llamado título 1 que regula los derechos y las libertades. Las modificaciones se plantean en el régimen jurídico de la situación de los extranjeros; y desde luego no se puede equiparar la del extranjero que está legalmente en España y por tanto en la Unión Europea, y no nos olvidemos que hay tratados que nos vinculan y nos obligan, con aquellos otros que son extranjeros ilegales y que están en esa situación precisamente por ser las víctimas de esas organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas.

P. Algunos miembros del Gobierno a los que usted visitó la semana pasada en Madrid quieren que la reforma se plantee en este periodo de sesiones que acaba en junio. Otros, como el equipo del anterior ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, no la creían necesaria.

R. Dentro del PP hay una posición unánime. No estamos negando la aportación de los flujos migratorios sino que necesitan mayor regulación. Si esa modificación puede realizarse en este periodo dependerá de que haya tiempo. Sí es verdad que el portavoz del Gobierno ya ha dicho que en este periodo se va a iniciar con la voluntad en primer lugar de tener el máximo consenso posible. Éste es un objetivo anunciado en la campaña y lo tenemos que cumplir.

P. ¿Usted sería partidario de llevar ese objetivo adelante si al final la oposición sigue mostrándose reacia?

R. Esa situación no se va a dar. CiU ya había dado en el Senado luz verde a las proposiciones del PP. De hecho fueron consensuadas y si se desmarcaron al final en el Congreso fue para no aparecer en las fotografías con un Gobierno que no podría sacar adelante aquel proyecto. Otros grupos, como Coalición Canaria, se mantuvieron en contra por razones de política local que no tuvieron nada que ver con el contenido en sí de la ley, pues afortunadamente ya estamos viendo no sólo que han modificado su posición sino que ahora se muestran más beligerantes que nadie a la hora de introducir controles que hace cinco meses no quisieron aprobar.

P. ¿No le sorprende este giro de Coalición Canaria?

R. No me parece tan sorprendente este cambio radical de Coalición Canaria de un extremo a otro. No es la primera vez. Rectificar es de sabios. No me parecen tan acertadas las posiciones de Coalición Canaria de llenar poco menos que todas las costas Canarias de patrulleras de la Armada para evitar las pateras. Entre otras razones porque ahora, cuando la Guardia Civil está patrullando las costas Canarias a 30 millas y a 70 de las costas del Magreb, e intercepta a pateras con niños, mujeres y personas mayores, no se les dice que se vuelvan a su casa. Su obligación es traerles a Canarias. Y si les decimos a las mafias que vamos a llenar las Costas de patrulleras les echamos una mano.

P. ¿En qué se ha traducido el supuesto efecto llamada de esta ley desde su aprobación?

R. Desde el punto de vista cualitativo, la inmigración que hasta la entrada en vigor de esta ley era exclusivamente magrebí, y que el 95% era retornada por la Delegación del Gobierno a Marruecos, ahora resulta que las mafias que actúan en El Aaiún traen fundamentalmente a personas del África subsahariana, que utilizan Canarias como puerta hacia Europa. Y cuantitativamente, está habiendo en la calle una media de 300 personas en situación ilegal.