'Niños-ancla'

Berta, una ingeniera industrial colombiana de 30 años, llegó a España hace 40 días, embarazada de siete meses, huyendo de las amenazas de la guerrilla. Entró con visado de turista, pero con la intención de quedarse a vivir. Ahora subsiste gracias a la ayuda de algunas ONG y compatriotas. "Por duro que sea, estar aquí siempre será mejor que aquello, al menos aquí mi hija está a salvo", dice acongojada. Aunque no tiene claros sus derechos, admite tímidamente que cree que su embarazo puede ayudar a legalizar su situación aquí. María Teresa, otra colombiana de 23 años, es empleada de hogar y está embarazada de seis meses y medio. Entró con visado de turista desde Milán, tal y como le recomendaron en una agencia de viajes. Vino dispuesta a quedarse. Hace cuatro meses que le venció el visado, por lo que se encuentra en situación irregular. "Sé que estar en estado me da ventajas para quedarme, pero aún no se cuáles", comenta ingenuamente.

El embarazo se ha convertido en una especie de visado para las mujeres que entran en España de manera irregular. Hasta el momento, no se conoce ningún caso de una mujer que haya sido repatriada estando embarazada. De hecho, la actual Ley de Extranjería, que entró en vigor el pasado 1 de febrero, establece expresamente que no podrá expulsarse a las mujeres en estado, independientemente de su situación legal, porque puede suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre. Por este motivo, se ha acuñado el término de niños-ancla.

Sólo en el Hospital Clínico de Madrid, uno de los más grandes de España, que cuenta con más de medio millón de tarjetas sanitarias y en donde hay una media de siete partos al día, aproximadamente el 20% de los alumbramientos son de mujeres inmigrantes sin recursos e indocumentadas, según explica C. P., matrona que asiste en los más de 20 ambulatorios del Insalud que se encuentran en la zona centro de la capital española. Sin embargo, en los tres meses y medio que lleva en vigor la Ley de Extranjería, la Policía Nacional sólo tiene constancia de haber abierto expedientes de expulsión a 20 en avanzado estado de gestación, de las más de 500 mujeres que en el mismo período han sido detenidas en el país.

"No hay ningún apartado de la ley que establezca que a las mujeres embarazadas hay que concederles el permiso de residencia, pero si se recurre la orden de expulsión alegando razones humanitarias lo más probable es que se les conceda", explica Javier Sánchez, abogado de AICODE, la Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos. "Entrar embarazada en España, aunque sea de manera irregular, es una forma de quedarse en la práctica", agrega. Esta opinión es compartida por Raúl Báez, abogado del Servicio de Atención a Inmigrantes de la oficina principal de la Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria: "La llegada de mujeres embarazadas es algo que empieza a repetirse. Normalmente tienen tras ellas realidades muy crudas. La casuística es inmensa, pero la inmigración es uno de los campos administrativos con mayor discrecionalidad. Siempre se puede apelar a razones humanitarias". Los abogados destacan que el Gobierno tiene derecho de admisión sobre los inmigrantes.

El caso más conocido es el de Cinthia Uwagbow, una joven nigeriana de 18 años que llegó a Fuerteventura (Canarias) en una patera el pasado mes de abril y dio a luz a una niña a las 24 horas. Rafael Méndez Quintela es su abogado: "De momento he presentado un recurso ante el Delegado de Gobierno contra la orden administrativa de expulsión. Me interesa que le concedan el permiso de residencia cuanto antes. Cinthia y su hija han sido acogidas por una familia con recursos suficientes para responder por ellas: éste es un punto importante. Después nos plantearemos la nacionalidad", explica.

El Código Civil establece que los nacidos en España de padres extranjeros no son, en principio, ciudadanos españoles, y adquieren la nacionalidad de sus progenitores. Pero si los padres carecen de nacionalidad conocida o no son reconocidos como ciudadanos de ningún país, es decir, son apátridas, España está obligada a reconocer a sus hijos como españoles y facilitarles la documentación necesaria. "Cinthia dijo ser nigeriana, pero no aportó ningún documento que lo acreditara. Por ese motivo he solicitado que, mientras ella se regulariza, se inscriba a su hija en el Registro Civil español", continúa Méndez. Cinthia tendrá que demostrar que no es ciudadana nigeriana para conseguir la nacionalidad española. O bien tendrá que permanecer en el país con permisos de residencia temporales y renovables hasta que se cumpla el período que fija la ley para concederle la nacionalidad: de dos a diez años, según el país de procedencia.

Medir la magnitud de estas situaciones a nivel nacional es difícil, porque no es posible conocer el dato de cuantas mujeres inmigrantes embarazadas se encuentran en España en situación irregular. La razón es, por un lado, que la policía no clasifica por sexos a los indocumentados y, por otro, que desde que se puso en marcha la nueva Ley de Extranjería, que garantiza el derecho a la asistencia sanitaria a las mujeres extranjeras durante el embarazo, en el parto y en el posparto, dejaron de existir distinciones administrativas en la sanidad pública entre pacientes extranjeras y nacionales, lo que impide saber el número de las primeras.

Lo que es innegable es que los casos de mujeres inmigrantes que hacen rutas suicidas estando embarazadas para llegar a otro país han proliferado en los últimos meses. Las falsas informaciones con las que las mafias siembran esperanzas en los desesperados, las redes de prostitución y las pésimas situaciones que muchas de ellas viven en sus países de origen empujan a estas mujeres a cruzar océanos portando a sus hijos en sus vientres.