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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Cal y arena

Los nombramientos de Javier González Ferrari como director general de la radiotelevisión pública, de Enrique Fernández Miranda como delegado del Gobierno para la Inmigración y de Jon Juaristi como director de la Biblioteca Nacional son los más significativos de los efectuados ayer por el Consejo de Ministros. Otro nombramiento con proyección popular es el del concejal de Madrid Juan Antonio Gómez-Angulo como nuevo secretario de Estado para el Deporte, que llega al cargo con la buena estrella de tener asegurado para un club de fútbol español el título de campeón de Europa.La sustitución de Pío Cabanillas al frente del Ente RTVE daba la oportunidad de lanzar una señal de su voluntad de cambio en un organismo que concita críticas generalizadas por su sometimiento estricto al Gobierno. Nominalismos al margen, designar ministro portavoz al director de la televisión pública y sustituirle por su director de informativos amplía la sombra de parcialidad -como en el caso del juez que se pasa a la política- sobre sus ocupaciones previas. El Gobierno podía haber lanzado una señal de su voluntad de reforma consensuando el nombre del nuevo director general o, como mínimo, eligiendo a alguien menos marcado por su trayectoria inmediatamente anterior. González Ferrari es un profesional con larga experiencia en medios públicos y privados, pero su paso por la dirección de informativos de TVE no es el mejor aval de imparcialidad. Desde su nuevo cometido tendrá oportunidad de responder al clamor social por una televisión no sometida al Gobierno.

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La necesidad de coordinar desde una Secretaría de Estado las competencias sobre extranjería y política de inmigración, diseminadas en varios ministerios, había sido reiteradamente invocada. La creación de una delegación para que se ocupe de esa tarea es un acierto. Su titular, Enrique Fernández Miranda, fue uno de los diputados más dogmáticos en la oposición, aunque ha tenido ocasión -como Federico Trillo- de moderar su perfil como vicepresidente del Congreso.

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Un nombramiento más polémico es el de Julio Sánchez Fierro como subsecretario de Sanidad. Antiguo alto cargo de Trabajo, su nombre fue invocado en relación con las subvenciones recibidas por una empresa de formación de un cuñado suyo. Aunque desmintió cualquier ilegalidad, el fondo del asunto es muy similar al que provocó el cese de otro alto cargo y la dimisión posterior del ministro Pimentel.

Hasta aquí, la arena. La de cal, indicativa de que no todos los nombramientos pasan por la afiliación previa, es la designación de Jon Juaristi para dirigir la Biblioteca Nacional. El mejor escritor de entre los ensayistas españoles, como le definió recientemente Juan Pablo Fusi, es un profesor universitario de familia nacionalista y militancia juvenil izquierdista que se afilió al PSOE tras el atentado que costó la vida a dos socialistas en la Casa del Pueblo de Portugalete, en 1987. Dijo hacerlo en solidaridad con "aquellos a quienes los abertzales han convertido en los judíos de Euskadi". Su nombramiento es un reconocimiento a su trayectoria intelectual y cívica, y muestra que en el PP hay personas que saben que el mundo no acaba en la calle de Génova.

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