El Consell considera "un insulto" la reivindicación nacionalista organizada por Acció Cultural
El Consell celebró ayer una reunión de trámite pero dedicó especial atención al análisis de "los acontecimientos" registrados el pasado sábado en Valencia en los actos convocados por Acció Cultural para conmemorar la jornada del 25 d'Abril. Alicia de Miguel, portavoz del Consell, consideró "un insulto a todos los valencianos" la reivindicación de la unidad cultural de los Països Catalans. Alejandro Font de Mora, portavoz del PP en las Cortes, promovió una declaración institucional de condena y equiparó la constitución de una asamblea de concejales valencianos, catalanes y baleares como foro para el intercambio cultural a una iniciativa paralela a las impulsadas "por el brazo político de ETA en el País Vasco".
La especial sensibilidad social desatada a raíz del asesinato del columnista vasco José Luis López de Lacalle el pasado domingo no parece ajena a la sorprendente descarga desde el Consell y el Grupo Parlamentario del PP en las Cortes Valencianas contra los "actos vandálicos" y los "insultos a nuestras instituciones" que, según los populares, se registraron el pasado sábado en Valencia convocados por Acció Cultural del País Valencià."A estas alturas, con las instituciones de autogobierno consolidadas, que vengan concejales y responsables políticos de otras comunidades a decirnos lo que tenemos que hacer", leyó la portavoz del Consell, "y que los actos convocados por Acció Cultural vayan acompañados de insultos a nuestras instituciones y sus responsable políticos elegidos democráticamente, y que además se cometan actos de vandalismo y gritos a favor del terrorismo, es simplemente demencial y nos parece un insulto al conjunto de la sociedad valenciana".
La portavoz del Consell calificó como "impensable" que actos similares se produjeran en otras comunidades autónomas y que gozaran del amparo de dirigentes del PSPV o Esquerra Unida "de la propia comunidad", en alusión a la constitución de un foro permanente de "intercambio cultural" formado por 650 concejales valencianos, catalanes y baleares.
De Miguel siguió: "Que se grite a favor del terrorismo no es un hecho aislado en estas celebraciones". Y recordó la condición recurrente de los hechos registrados el pasado sábado, cuando un grupo de vándalos destrozó la estatua dedicada al banderillero valenciano Manuel Montoliú y realizó algunas pintadas. Por ello justificó las dudas de la Diputación de Valencia sobre la cesión de la Plaza de Toros para acoger un recital de Lluís Llach.
La institución provincial negó a Acció Cultural la utilización del recinto. La polémica desatada al respecto se resolvió finalmente cuando la Diputación optó por alquilar la plaza a la empresa que representa a Lluís Llach y exigió una fianza de dos millones de pesetas, la misma que se suele fijar para cualquier otro uso del recinto taurino.
El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, protagonizó un agrio enfrentamiento con el responsable de Acció Cultural del País Valencià, Eliseu Climent, durante la campaña electoral previa a las elecciones autonómicas de mayo de 1995, cuando accedió al poder. Zaplana llegó a presentar una demanda particular contra Climent que nunca prosperó.
Ahora, consolidada su mayoría absoluta del PP en la Comunidad y el Estado, su portavoz anunció que "el Consell no va entrar en ninguna cuestión" contra "grupos muy minoritarios sin respaldo de las urnas". Pero arremetió contra "algunos analistas políticos" que consideran incorrecto censurar "estos hechos" porque "sin duda se sienten más cómodos con los que defienden los Països Catalans y gritan gora ETA que con los que han traído un clima de convivencia y paz social a la Comunidad Valenciana en beneficio de todos".
Font de Mora, portavoz parlamentario del PP, centró sus críticas en la constitución de la asamblea de concejales. "No condenamos la manifestación", explicó Font de Mora, "sino el fondo de la cuestión".
El portavoz del PP presentó a la oposición parlamentaria un borrador de declaración institucional para rechazar la asamblea de concejales que considera una iniciativa "frontalmente opuesta a nuestro sistema constitucional y estatutario" que pretende "romper nuestros canales políticos y de diálogo" y que "de alguna manera" recuerda "lo que ha pretendido hacer el brazo político de ETA en el País Vasco" y constituye "una bomba de relojería puesta en las entrañas del sistema democrático".
Respecto a los actos vandálicos, Font de Mora señaló: "Empiezan cortando los pies de una estatua y pueden acabar con temas que afecten a la sangre y a la carne de personas".
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