Treinta familias del poblado de La Rosilla recurren contra su realojamiento lejos de Vallecas

Hay vecinos reacios al realojamiento de chabolistas en sus barrios o municipios, pero también hay habitantes de poblados marginales de la capital que rechazan ser trasladados a otras localidades. Treinta familias del poblado vallecano de La Rosilla, casi todas las que quedan en este núcleo ya medio desmantelado, se niegan a que la Comunidad de Madrid les realoje en zonas alejadas de su barrio actual. Todas han presentado un recurso de alzada para hacer valer "el derecho al retorno que tiene todo inquilino al que le derriban su casa en una operación urbanística".

Los responsables del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), del Gobierno regional, aseguran que han ofrecido a estas familias pisos de alquiler en Ciudad Lineal, Latina, Carabanchel, Usera, Vicálvaro, San Blas, Móstoles, Alcorcón, Getafe, Navalcarnero y Collado Villalba. Pero los afectados replican, y así lo ratifica su abogado, Rafael García Merino, que sólo se les ha propuesto Móstoles, Parla, Latina y Fuenlabrada, por lo que recurrirán a los tribunales."La Rosilla no la tiran porque las casas se caigan, sino porque el presidente Ruiz-Gallardón se lo prometió a las asociaciones de vecinos de Vallecas Villa; lo que no puede ser es que para cumplir sus planes nos quieran llevar por decreto a sitios tan lejanos como Collado Villalba o Fuenlabrada, donde tenemos que empezar de cero", asegura Manuel Jiménez, uno de los recurrentes.

El presidente regional se comprometió con las asociaciones de vecinos de Vallecas a desmantelar en esta primavera La Celsa y La Rosilla, dos poblados de realojamiento de chabolistas construidos hace menos de siete años, que pronto se convirtieron en hipermercados de la droga.

"Tenemos nuestra vida hecha en la zona de Vallecas, Usera, San Blas y Moratalaz y la ley está de nuestra parte, por eso no aceptamos que nos trasladen a cualquier sitio", añade Jiménez. "Como los responsables del IRIS no se han dignado a reunirse con nosotros y tampoco nos han presentado una oferta aceptable, vamos a pedir auxilio a los jueces", concluye.

Buena parte de las 30 familias recurrentes, todas gitanas, están emparentadas. Se trata en muchos casos de parejas que comparten domicilio con sus hijos casados y sus nietos.

El recurso de alzada que han presentado se basa en el derecho al retorno recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Según esta norma, cuando una operación urbanística conlleva el derribo de una casa, su inquilino tiene derecho a que el arrendador de la finca (en este caso la Comunidad) le facilite otra vivienda "que esté ubicada en el mismo solar o en el entorno del edificio demolido".

Inseguridad jurídica

Estas familias consideran, además, que han sufrido "inseguridad jurídica" porque el IRIS les lleva notificando desde septiembre que les va a tirar la casa, que ellos ocupan en régimen de alquiler social, sin especificarles cómo va a ser la nueva vivienda en la que les va a realojar ni dónde va a estar.

El letrado García Merino explica que sus clientes no se niegan a marcharse de La Rosilla y que sólo reclaman ser realojados en el entorno de las autovías de Valencia y Andalucía. "No queremos dificultar los planes de la Comunidad, sólo pretendemos que se respeten los derechos de estas familias, que tienen un contrato de alquiler en regla. Reclamamos una actuación ajustada a derecho y no cesarista", añade. "Es contradictorio que un instituto llamado de integración social desarraigue a unas familias de su entorno habitual", apostilla.

Luis Peral, viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, destaca las dificultades del IRIS para armonizar los intereses de los chabolistas que no quieren desubicarse; los de los vecinos de Vallecas, que rechazan más realojamientos en su zona, y los de los alcaldes de los municipios del sur, que reclaman que también haya realojamientos en el noroeste rico. En el último año y medio se han producido movilizaciones en Getafe, Leganés y Alcalá de Henares contra la llegada de nuevas familias chabolistas.

"Esperamos llegar a un acuerdo, pero, aunque no fuese posible, este problema no dilatará el derribo de La Rosilla porque creemos que los jueces, al ver que nos comprometemos a realojar a los afectados en pisos dignos, nos autorizarán las demoliciones", concluye Peral.

El gerente del IRIS, Florencio Martín, considera que el derecho de retorno sólo existe cuando al arrendatario se le tira la casa por una operación urbanística, "algo que no ocurre en La Rosilla, donde no se sabe aún qué se va a hacer con el terreno".

De las 164 familias que vivían hace un año en La Rosilla quedan 34 por realojar, entre ellas las del recurso.