Solo de trompeta

De no haber sido por el paquete bomba enviado esa mañana por ETA para proseguir su criminal campaña de intimidación a los profesionales de los medios de comunicación (el destinatario era esta vez un periodista del diario madrileño La Razón), el debate parlamentario para investir de nuevo a Aznar como presidente del Gobierno se hubiera proyectado ayer sobre la línea del horizonte panglossiano del mejor de los mundos políticos imaginables. A la desahogada mayoría absoluta favorable que controla al tribunal encargado de examinar al candidato se suman los votos de los cuatro diputados canarios, ya comprometidos por su pacto de legislatura con el PP, y los votos anunciados de los 15 representantes de los nacionalistas catalanes. Aznar será designado hoy presidente con el respaldo de 202 escaños, pero no logrará batir la marca establecida por Felipe González, que alcanzó la investidura en 1982 con 207 votos. Sin embargo, el candidato popular sale mejor librado de los juegos comparativos si el paralelismo versa sobre la tendencia con que ha revalidado su segundo mandato consecutivo: mientras que los apoyos a Suárez apenas se modificaron entre 1977 y 1979 (de 166 a 168 diputados) y Felipe González perdió 18 escaños entre 1982 y 1986 (de 202 a 184), Aznar ha seguido una línea ascendente desde 1996 a 2000 ganando 17 diputados (de 156 a 183).Pero la sensación de comodidad de Aznar no se derivaba ayer únicamente de la certeza de tener las espaldas bien guardadas gracias a la mayoría absoluta de sus correligionarios y al apoyo activo o la benevolencia pasiva de los nacionalistas canarios o catalanes. Además, los dos portavoces de la izquierda encargados de hacerle la trinca en estas oposiciones parlamentarias no sólo se estrenaban en la tarea, sino que estaban marcados por el signo de la provisionalidad en el desempeño de sus funciones. Además de tener que soportar las comparaciones retrospectivas con Felipe Gónzalez, José Borrell y Joaquín Almunia, que se sucedieron durante la anterior legislatura para dar la réplica a Aznar desde la tribuna, el socialista Luis Martínez Noval actuó como suplente forzoso del actual presidente de la comisión gestora del PSOE (Manuel Chaves no es diputado) y como sustituto interino de quien sea designado secretario general del PSOE o portavoz parlamentario de la nueva Comisión Ejecutiva dentro de tres meses. Sobre Francisco Frutos también se proyectó la florida sombra retórica de Julio Anguita y sobrevoló la incertidumbre respecto a la designación del nuevo coordinador general de IU por la Asamblea Federal del próximo octubre.

Se comprende, así, que el debate de investidura fuese ayer para Aznar un solo de trompeta, apenas interrumpido por las críticas de Martínez Noval, las denuncias de Francisco Frutos y las estridencias de Anasagasti. La oferta de mano tendida por el -actual y futuro- presidente del Gobierno a los diversos grupos parlamentarios para negociar y consensuar las llamadas políticas de Estado cubrió un amplísimo campo: la estrategia contra el terrorismo, la Administración de la Justicia, el Tribunal Penal Internacional, la Unión Europea, la ley electoral, las televisiones públicas, la financiación de los partidos, el Pacto de Toledo, los reglamentos de las Cámaras, el Senado, la financiación autonómica, la inmigración, el mercado laboral, el Plan Hidrológico, etc. No resultará fácil, sin embargo, conciliar el cumplimiento de las promesas sectoriales del programa electoral popular con las reivindicaciones paralelas presentadas por los demás partidos en la última campaña electoral.

Durante sus primeros mandatos, Felipe González solía defender con ardor la utilidad de las mayorías absolutas -abstracción hecha de cuáles fueran sus titulares desde el poder- con el argumento de que sólo así cabe llevar a cabo las reformas de la Administración del Estado y del ordenamiento jurídico necesarias para modernizar a la sociedad española y ampliar su techo de libertades. Ahora bien, hay cuestiones que no afectan a los tabiques de pandereta encargados de separar discrecionalmente las habitaciones dentro del edificio constitucional, sino a los muros de carga del Estado de derecho, esto es, el imperio de la ley, el funcionamiento de las instituciones, los derechos de las minorías y el respeto al pluralismo político: ésas son las fronteras que las mayorías absolutas no pueden traspasar sin salirse al tiempo del sistema democrático.