La fiscalía 'deja libre' al hombre que mató a su mujer en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria - 24 abr 2000 - 22:00 UTC

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no ha recurrido, al finalizar el plazo legal, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas que absolvió al cubano Osmande Lescay Tamayo del delito de homicidio en la persona de su esposa, Angela Rosa Reyes. Con el apoyo expreso del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, Lescay queda en libertad y la muerte de su esposa sigue impune, sin que el "trastorno depresivo" alegado en el juicio por el fiscal haya dado lugar a su internamiento o tratamiento en algún centro psiquiátrico. Las diversas iniciativas elevadas desde diversos colectivos sociales e instituciones públicas -desde el Instituto Canario de la Mujer (ICM) y el Gobierno de Canarias hasta la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales- no tuvieron efecto alguno sobre la fiscalía de Canarias, respaldada por la Fiscalía General del Estado.

El hombre que reconociera ser el autor de la mortal agresión a su compañera en mayo de 1997 ha quedado definitivamente en libertad, al no presentarse acusación particular (la familia de la víctima reside en Cuba) y no pedir el fiscal ni decidir el tribunal su ingreso en un centro pisquiátrico. La absolución se fundamentó en un informe médico que sostuvo que Osmande Lescay sufrió un "grave trastorno depresivo mayor" en el momento de cometer el delito. El agresor no tendrá siquiera que pagar la indemnización de 25 millones de pesetas establecida en la sentencia, por haber sido declarado insolvente.

Homicida confeso

El propio fiscal general del TSJC, Juan Guerra Manrique de Lara, salió ayer al paso de la reacción social de indignación que ha provocado la absolución del homicida confeso, que dio lugar a una manifestación frente al Palacio de Justicia de la capital grancanaria. Guerra dijo entender el "desconcierto social ante el laberinto jurídico", pero defiende sin duda alguna "la legalidad" de la actuación de su departamento.

Guerra aseguró que no ha habido "ni infracción de ley ni quebrantamiento de una formalidad procesal", e insistió en que la sentencia es firme. Tampoco teme la Fiscalía que el caso siente precedente para otros procesos de violencia doméstica, ya que "es difícil que vuelvan a darse las mismas circunstancias". Añadió que las instancias encargadas de velar por estos casos, en clara referencia al Instituto Canario de la Mujer, "habrán tomado nota".

Tanto el ICM como el Ayuntamiento de Santa Lucía, localidad en la que residía el matrimonio y donde sucedieron los hechos, trataron de personarse como acusación particular, pero fuera de plazo. El ICM sigue, sin embargo, estudiando la posibilidad legal de recurrir ante tribunales superiores, aunque reconoce que "está resultando muy complicado". Su directora general, Rosa Dávila, ha anunciado que "el caso de Lescay no se volverá a repetir".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0024, 24 de abril de 2000.

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