Colza: dinero a la vista

EL LARGO proceso judicial del llamado caso de la colza, desde que en 1981 se produjo el envenenamiento masivo hasta que en 1998 el Supremo convirtió en firmes las condenas, tiene como epílogo la ejecución de las sentencias, especialmente lenta y compleja en lo que se refiere a la indemnización a las más de 20.000 víctimas reconocidas judicialmente, a las que el Estado tiene que pagar medio billón de pesetas. Las expectativas de dinero seguro, junto a la tardía pero cierta reparación a los afectados, han desencadenado entre algunos desaprensivos abogados u oportunistas intermediarios una ambición desbocada que añade a los sufrimientos de los damnificados el de ser, finalmente, víctimas de sus propios defensores.No hay duda de que los letrados defensores, en especial los que trabajaron desde el primer e incierto momento de las reclamaciones, las pruebas y los incesantes recursos, tienen derecho a sus honorarios. Lo que ya no resulta tan claro, y de ahí que haya sido objeto de denuncias sobre las que tendrán que decidir los jueces, es que abogados que ya percibieron sus honorarios, bien de los afectados o de entidades como la Organización de Consumidores y Usuarios, aprovechen ahora la llegada del dinero estatal para embolsarse unos porcentajes suculentos. Cuando quienes reclaman esos porcentajes son recién llegados al proceso, cuyo trabajo es ya más de contables que de juristas, el aprovechamiento resulta más hiriente. Y no vale que alguno de ellos declare impúdicamente que los afectados a los que ha pedido el 3% de las indemnizaciones que les corresponden "están dispuestos a pagar". No es extraño que, tras 19 años de tribulaciones y desesperanza, las víctimas de aquel espantoso suceso traguen también con pagar lo que les pidan a cambio de obtener alguna reparación para lo mucho que se les debe.

Al margen de las decisiones que a los jueces corresponden respecto a las denuncias de extorsión, apropiación indebida o estafa, sería de rigor que los colegios de abogados, y en su caso el Consejo de la Abogacía, tomaran cartas en el asunto y pusieran orden y deontología frente a esa suerte de arrebatacapas en el que se han convertido algunos de sus profesionales.