El fiscal general revisa la absolución del hombre que mató a su mujer en Canarias Asuntos Sociales pide a Cardenal que recurra el polémico fallo
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, revisará la actuación del fiscal de Las Palmas que permitió que un hombre que mató a su mujer a puñaladas quedase libre. El ministerio público consideró que el acusado sufría un trastorno mental grave, por lo que pidió su absolución, pero sin solicitar su correspondiente ingreso en un centro psiquiátrico. De este modo, al no haber acusación particular (la familia de la víctima vive en Cuba), el tribunal se vio obligado a dejar al procesado libre. Esta actuación ha desatado las críticas de los colectivos de mujeres.
La secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia Gómez, y la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Dávila, escribieron a Cardenal para que antes del miércoles se interesara por el caso y solicitara a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que interpusiera "el correspondiente recurso", si es posible, y, "en cualquier caso", pidiera el internamiento en un centro psiquiátrico de Osmande Lescay para que no pueda agredir a otras mujeres. El presidente autonómico, Román Rodríguez, también se dirigió a Cardenal en el mismo sentido. La respuesta la obtuvieron ayer, cuando el fiscal general se comprometió a estudiar el caso y, según fuentes de Asuntos Sociales, a pedir el recurso "si hace falta".Fuentes de la Fiscalía General precisaron, sin embargo, que el margen de actuación de Cardenal es reducido, ya que fue el propio fiscal del caso quien pidió la absolución por el "grave trastorno depresivo" que sufría el acusado cuando en 1997 mató a su esposa, de la que estaba en trámites de separación. El hecho de que no hubiera acusación particular llevó a la Audiencia Provincial a decretar su libertad.
Lo que ninguno de los juristas consultados entiende es que el fiscal se abstuviera de pedir el internamiento de Lescay en un centro médico. El vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales, Juan Antonio García Jabaloy, afirmó, con la cautela de quien no conoce todos los detalles del caso, que "lo lógico es pedir el ingreso porque la peligrosidad del acusado ya está demostrada". Y la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, María Durán, quien se mostró "horrorizada" por la sentencia, pidió que se abriera un expediente al fiscal por la alarma social que su decisión ha provocado.
La sentencia ha movilizado a las organizaciones progresistas de Canarias. Siete asociaciones de mujeres han convocado una manifestación hoy para protestar contra la sentencia y que ésta sea recurrida. Un colectivo de mujeres abogadas pidió ayer la nulidad del juicio y anunció que se personará en la causa si se reabre.
La misma intención tiene el Instituto Canario de la Mujer, quien intentó sin éxito personarse en el juicio. Su directora, Rosa Dávila, se ha dirigido al fiscal jefe del Tribunal Superior de Canarias para que recurra la sentencia y al Defensor del Pueblo para que tome cartas en el asunto. El presidente de Canarias, el alcalde de Santa Lucía, donde vivían víctima y agresor, y el PSOE también han pedido que se impugne la sentencia.
