Un hombre que mató a su mujer queda libre al no pedir el fiscal su internamiento psiquiátrico

El ministerio público tampoco solicitó la cárcel porque el homicida sufría un "trastorno depresivo"

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dejado libre a un hombre que confesó haber matado a puñaladas a su esposa cuando estaban en trámites de separación en 1997. El polémico fallo, que ha desatado una gran indignación en Canarias, es consecuencia de la actuación del fiscal, que no pidió pena de cárcel para el acusado por considerar la eximente de enajenación mental, pero tampoco solicitó su internamiento en un centro psiquiátrico. Al no haber acusación particular en el caso (la familia de la víctima vive en Cuba y delegó en el ministerio público español), el tribunal reconoce que se vio obligado a dictar en consonancia con la petición del fiscal y dejar libre a Osmande Lesca.

La notificación del auto que absuelve al homicida ha provocado la inmediata reacción de diversas instituciones públicas, entre ellas el Instituto Canario de la Mujer y el Ayuntamiento de Santa Lucía, municipio en el que residía el matrimonio, que estaba en proceso de separación. Ambas entidades han solicitado al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que presente un recurso de apelación, "a fin de que retrotraiga el procedimiento y se someta al principio de contradicción la prueba pericial que ha servido de base para eximir al acusado", que no ha ingresado en ningún centro médico, sino que ha quedado en libertad. El auto judicial reconoce como probado que el 7 de marzo de 1997, el marido de Ángela Rosa Reyes Elías accedió al interior de su casa de Vecindario con consentimiento de su esposa y que, una vez dentro, "tras poner la cadena de seguridad a la puerta, el imputado cogió un cuchillo, de procedencia no acreditada, y le asestó varias puñaladas en partes del cuerpo vitales que le causaron la muerte". Según los hechos, el agresor intento luego suicidarse "apuñalándose en el abdomen y causándose graves heridas que estuvieron a punto de causarle el fallecimiento".

La familia de la víctima, que reside en Cuba, no se personó en la causa como acusación particular porque, según afirma ahora, confió en la decisión del fiscal.

"Trastorno depresivo"

Entretanto, la fiscalía consideró finalmente, a partir de un único informe pericial del médico forense Carlos López de Lamela, que Osmande Lescay sufría un "grave trastorno depresivo mayor" que, según sus conclusiones, es causa de exención de su responsabilidad penal, según la eximente nº 1 del artículo 20 del Código Penal.

El mencionado forense ofrece un perfil de Osmande Lescay que contrasta con las características de su carácter subrayadas por familiares de la víctima. Según el perito, se trata de un hombre "intelectualmente brillante", al que define también como "un poeta y un hombre de palabra", que se vió obligado a escapar de su país por su oposición al régimen castrista y sufrió un desengaño amoroso en Canarias, al enamorarse su mujer de otro hombre.

Por su parte, una hermana de Ángela Rosa Reyes, que se trasladó tras la agresión a la isla, entregó al fiscal dos cartas en las que la víctima relataba la persecución que estaba sufriendo por parte de su marido, y denunciaba antecedentes de maltrato, de los que también tenía constancia el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Lucía, donde residía la víctima. Además, en otra misiva, una antigua compañera del agresor se refería a Osmande como "un hombre raro y violento", y aseguraba que había sido también objeto de un intento de apuñalamiento.

Así las cosas, ni el Instituto Canario de la Mujer (ICM), dirigido por Rosa Dávila, ni los vecinos de Vecindario, donde residía el matrimonio cubano, están dispuestos a dejar pasar sin actuar los cinco días de plazo que tiene el fiscal para recurrir. Para el próximo martes han organizado una manifestación, mientras intensifican sus contactos con otras instituciones, entre ellas el Defensor del Pueblo y el Instituto de la Mujer, para que eleven la petición al fiscal general del Estado.

La sentencia de la magistrada Pilar Parejo Pablos reconoce la veracidad de los hechos y que las partes están "conformes" con lo relatado en el proceso, pero que "no solicitándose pena privativa de libertad" no le queda más remedio que dejar al homicida confeso en libertad, ya que ni siquiera se pide "por la acusación ninguna medida de seguridad" contra el acusado.

El alcalde de Santa Lucía, Camilo Sánchez, dirigió ayer un telegrama al fiscal que ha llevado este caso exigiéndole que recurra la sentencia de absolución. "Éste es un caso de verdadera alarma social", afirma el alcalde, que anuncia a la fiscalia que el Ayuntamiento se sumará "a todas las movilizaciones ciudadanas que se convoquen para que se haga justicia a la víctima".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0014, 14 de abril de 2000.

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