El Consejo de Europa solicita que se mejore el trato policial a detenidos

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos Inhumanos y Degradantes (CPT) del Consejo de Europa ha solicitado al Gobierno que se mejore el trato y se garanticen los derechos de los detenidos y, aunque no constata la práctica de torturas, recomienda que se vigile y revisen los métodos de la policía en la detención, interrogatorio y traslado de presos. El comité investigó el caso del militante de ETA Jesús Arcauz Arana, que alegó malos tratos, y encontró creíble su denuncia.

En las conclusiones del informe que se hará público hoy en Estrasburgo, el CPT indica que la delegación que visitó España no recibió denuncias de torturas de las personas que entrevistó y que estaban o habían estado detenidas por cuerpos de seguridad del Estado, y además había oído pocas acusaciones de otras formas de malos tratos a detenidos. Las registradas concernían principalmente al Cuerpo de Nacional de Policía y la mayoría hacían referencia al uso excesivo de la fuerza en el momento de la detención."Sin embargo, antes y durante la visita, el CPT recibió informes de otras fuentes que contenían un considerable número de acusaciones de malos tratos realizados por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil o la policía autonómica vasca durante periodos de detención durante los años 1997 y 1998. Estas acusaciones hacían referencia a golpes en distintas partes del cuerpo y, en algunos casos, algunos malos tratos físicos más graves, incluidos ataques sexuales por policías a mujeres detenidas y casos de asfixia por el método de colocar una bolsa de plástico sobre la cabeza. En ciertos casos, los informes incluían certificados médicos que atestiguaban heridas o señales consistentes con las acusaciones formuladas por las personas afectadas", señala el informe.

Como salvaguarda contra los malos tratos, el CPT pone, de nuevo, especial énfasis en su informe en la defensa de tres derechos fundamentales: el derecho de todo detenido a tener un abogado "desde el primer momento de su detención", a informar a un familiar cercano o a otra persona elegida por él de su situación y el derecho a tener tratamiento médico.

El informe señala que el Gobierno español ha comunicado su intención de cumplir dos condiciones reclamadas por el comité: que los detenidos puedan tener un abogado desde el comienzo de su detención y "reducir sustancialmente" el periodo de tiempo en que se "niega el derecho de los detenidos a comunicar su condición de detenido y su lugar de arresto a familiares o conocidos".

En referencia al derecho a la asistencia médica de los detenidos, el comité ha propuesto una serie de cambios precisos en la forma en que los médicos realizan sus funciones forenses con el objetivo de que se registren no sólo las lesiones traumáticas, sino también las declaraciones relevantes de los detenidos y sus conclusiones sobre la consistencia entre cualquier alegación de maltrato y las evidencias médicas objetivas.

El comité constata en su informe que las condiciones de detención son aceptables en la mayoría de las dependencias policiales que visitó, aunque, en otras se mantenían las insuficiencias criticadas en informes previos: celdas demasiado pequeñas para pasar la noche, suciedad, condiciones inadecuadas para dormir o iluminación y ventilación insuficientes.

El informe tampoco constata el uso de la tortura en las cárceles, pero recibió "algunas acusaciones de presos maltratados físicamente por funcionarios; en muchos casos, durante su traslado a celdas de aislamiento o mientras son retenidos en esas dependencias".

El comité recomienda que se adopten las medidas oportunas para que las quejas de los detenidos lleguen sin retraso a los jueces de vigilancia y que los tribunales investiguen con rapidez y amplitud cualquier alegación de malos tratos formulada por las personas privadas de libertad.