5.000 nuevos abogados de oficio sólo para mujeres

Habrá 5.000 nuevos abogados de oficio especializados en los delitos de malos tratos a las mujeres. El Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía ultimaron el pasado viernes la puesta en marcha de esta asistencia jurídica especializada para las víctimas de la violencia doméstica. El acuerdo completa la orden de la Fiscalía General del Estado que destinó en 1998 a un fiscal en cada provincia para coordinar las denuncias por maltrato. Esta iniciativa ha permitido calibrar la magnitud del problema en España: 15.000 diligencias incoadas durante 1999, frente a las 18 abiertas el año anterior.

Los instructores públicos han sido los primeros sorprendidos. "La actuación específica de los fiscales ha permitido desvelar que los padecimientos sufridos ordinariamente por las mujeres e hijos no son hechos aislados, sino malos tratos reiterados y habituales", recoge el primer informe de conclusiones, elaborado por la fiscalía un año después de la especialización. Esta constatación, que parece obvia, no figuraba en las estadísticas judiciales. Hasta la emisión de la circular de la fiscalía, la mayoría de las denuncias de las mujeres caían en saco roto. Como le ocurrió a Lucía F., que acudió por primera vez en 1996 a un juzgado de Madrid tras haber sido amenazada de muerte por su marido. El juez de oficio tramitó la queja como una falta por "amenazas"; meses después, tras otra violenta disputa familiar, Lucía F. volvió a denunciar a su cónyuge porque los insultos que le profirió se escucharon en todo el bloque. En esta ocasión, otro juez diferente calificó de nuevo la denuncia como falta, esta vez por "insultos". Al cabo de medio año, la mujer volvió al juzgado con el cuerpo amoratado a consecuencia de una una paliza. Nuevamente su denuncia fue considerada una falta por un tercer juez que no relacionó el nombre del agresor con el que figuraba en las causas anteriores tramitadas en otros juzgados. Para la justicia se trató de "lesiones" presuntamente causadas por un individuo libre de acusaciones. Hasta que Lucía F. no acabó hospitalizada con varios dientes de menos y la mandíbula fracturada el forense no apreció "gravedad" en la lesión. Fue entonces cuando el juez de turno abrió diligencias por un posible delito. Al fin la fiscalía pudo actuar. Fichó al marido, ordenó su alejamiento del domicilio familiar y le retiró la tutela sobre los hijos. Esta madrileña de 37 años recuperó la calma. Dentro de la tragedia, tuvo suerte. Otras 47 mujeres maltratadas perdieron la vida en 1999 tras haber denunciado reiteradamente a su agresor. Con la citada instrucción de la Fiscalía General del Estado, desde finales de 1998 cada denuncia se registra en un único caso. Esto permite acumular las faltas hasta convertirlas en delito sin necesidad de que la vida de la víctima tenga que correr serio peligro.Para completar esta labor de asistencia especializada, el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía acordaron el pasado viernes instruir a 5.000 abogados de oficio para que atiendan las denuncias relacionadas con la violencia doméstica. "Las mujeres sabrán desde el mismo momento que llegan a la comisaría que cuentan con un abogado preparado especialmente para atenderlas. Con esta medida intentamos que desaparezca el miedo a denunciar y que los delincuentes que maltratan a sus parejas empiecen a tener claro que quien la hace la paga", señaló Juan Ignacio Zoilo, director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Los nuevos abogados de oficio comenzarán a actuar, segñún las previsiones del Ministerio de Justicia, antes del verano. "Es una de nuestras prioridades, aplazada únicamente por el cambio de Gobierno", añadió.