Vizcaya acepta los planteamientos del Gobierno vasco y se prepara para cumplir el pacto fiscal

La pelea fiscal entre la Hacienda de Vizcaya y la Administración central está próxima a cerrarse. Tras la apertura de un expediente la semana pasada por la Comisión Europea contra el crédito fiscal del 45% concedido a Bahía Bizkaia Gas y a Bahía Bizkaia Electricidad, el Gobierno vasco ha intervenido en el conflicto y está buscando una solución que satisfaga a ambas partes. La Hacienda del Estado está dispuesta a retirar los recursos pendientes en los tribunales contra las normativas de Vizcaya si la Diputaciñón de este territorio aparca definitivamente las normas conflictivas y se busca una fórmula para que las empresas que se beneficiaron del crédito fiscal a la inversión renuncien a él.

El Gobierno central ha mostrado su disposición a alcanzar un acuerdo con la Diputación de Vizcaya y buscar una solución definitiva al conflicto tributario que mantienen en estos momentos ambas administraciones, pese a la firma de la paz fiscal el pasado 18 de enero. El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, comunicó anteayer a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, por teléfono la "voluntad" del Ejecutivo de Madrid de dialogar para "zanjar" las discrepancias que existen. El acuerdo fiscal alcanzado entre las tres diputaciones, el Gobierno vasco y el central, sólo ha tenido problemas de ejecución en Vizcaya. Este territorio, que jugaba en solitario, se ha visto obligado por las iniciativas del Gobierno, de la Comisión Europea y de las otras dos diputaciones a cumplir el acuerdo pactado.

Las diferencias entre Madrid y Bilbao surgieron porque la Diputación autorizó créditos del 45% a 19 proyectos empresariales mientras se negociaba el acuerdo fiscal. Entre estas empresas destacan Bahía Bizkaia Gas, Bahía Bizkaia Electricidad (los dos mayores proyectos energéticos en curso en el País Vasco), Euskaltel, Petronor o Editorial Iparragirre.

Voluntad negociadora

Responsables de la Diputación de Vizcaya expresaron ayer en Chicago, donde se encuentran de viaje oficial, la misma voluntad y anunciaron su disposición a presentar ante las Juntas Generales del territorio histórico el proyecto de norma foral que exige el acuerdo de paz fiscal suscrito en la última reunión de la Comisión Mixta del Cupo. La Diputación quiere también que el Gobierno central cumpla su parte y manifieste su intención de retirar los recursos presentados ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El proyecto de norma supondría la derogación de los incentivos fiscales a la inversión más polémicos: el crédito fiscal del 45% a inversiones de más de 2.500 millones de pesetas y las minivacaciones fiscales.

Para atenuar el enfado de la Administración central por la concesión de créditos del 45% a 19 empresas durante la negociación del acuerdo, el Gobierno vasco plantea la posibilidad de que estas empresas renuncien voluntariamente a las ayudas concedidas. Alguna compañía ya está estudiando esta posibilidad, aunque todavía no hay ninguna decisión al respecto.

Si finalmente se produce tal renuncia, el Ejecutivo de Vitoria y la Hacienda de Vizcaya analizarían la puesta en marcha de varios instrumentos alternativos (subvenciones, exenciones fiscales, etcétera) que compensen a estas compañías.

Desde Vizcaya se ha reconocido que la renuncia a estas ayudas allanaría de forma muy importante la solución del conflicto fiscal que enfrenta en estos momentos a la institución foral con la Administración central. Asimismo el Gobierno vasco cree que incluso serviría para evitar las posibles consecuencias negativas del expediente informativo abierto por las autoridades de la Unión Europa sobre la concesión de los citados incentivos.

Zenarruzabeitia afirmó ayer en Vitoria que la discreción debe ser una de las claves en la ejecución de la paz fiscal, una premisa que, según recordó, "siempre ha caracterizado al Ejecutivo". Así, señaló que desde la firma del acuerdo con el Gobierno central, el Ejecutivo ha mantenido encuentros con todas las partes, las tres diputaciones y con el Ministerio de Economía y Hacienda. En este sentido, reiteró su apuesta por "reconducir" este asunto, ya que es " importante para Euskadi como para, aún con altibajos, poder seguir en la senda del acuerdo". La vicelehendakari apostó también porque se cumpla el 100% del acuerdo y señaló que sólo falta la parte que corresponde a Vizcaya.