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Los educadores de menores tutelados denuncian violencia en sus centros

Los educadores de los centros para menores tutelados por el Gobierno regional denuncian un incremento de la violencia en estas residencias y reclaman soluciones al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) de la Comunidad. Proponen la creación de más centros específicos para adolescentes con graves problemas de conducta o de salud mental, así como un aumento de las plantillas.

Doscientos de los 800 trabajadores de los centros regionales de menores tutelados se manifestaron ayer, provistos de globos, delante del IMMF, en Gran Vía, convocados por los sindicatos UGT y CSIT-UP.Estos educadores denuncian que desde hace dos años los problemas de violencia se han agudizado en las residencias donde trabajan, a las que llegan chicos en situación de desamparo o, cada vez más, con graves conflictos familiares. Algunos de estos trabajadores han sufridos agresiones por parte de los internados y, según aseguran, "los chavales pequeños están a veces atemorizados por otros de más edad".

¿La razón? Trabajadores y responsables del IMMF están de acuerdo en que el aumento del número de adolescentes y el descenso de niños pequeños tutelados en los centros es una de las claves de la mayor violencia. Ahora el 60% de los internados tienen de 13 a 18 años.

"La adolescencia siempre ha sido una edad difícil, pero ahora lo es más, como vemos en las familias y en las escuelas; no es extraño, entonces, que a nosotros nos repercuta también esa situación general", explica Esperanza García, gerente del IMMF.

Los representantes de UGT, Alberto Sánchez, y CSIT, Luis Castrejón, consideran que el instituto no ha tomado medidas a tiempo. "Faltan recursos especializados. En un mismo centro se mezcla a chicos con problemas mentales, a niños pequeños, a discapacitados, a muchachos que han cometido pequeños delitos y a inmigrantes que llegan solos a Madrid", explican. "Los educadores tienen que atender cada uno a unos 15 chavales y no dan abasto", añaden. De los 511 educadores, sólo 300 son fijos y trabajan el 100% de la jornada. Otros 60 trabajan el 57% del horario, y 121, el 33%.

García replica que este año se va a reforzar la plantilla de fijos con 12 nuevos educadores y los que trabajan el 33% de la jornada pasarán al 50%. La gerente del IMMF niega que los problemas se deban a que en los centros convivan niños con problemáticas muy diferentes. Sin embargo, añade que el instituto va a seguir ampliando los recursos para adolescentes con conducta muy conflictiva (ahora hay dos centros con 24 plazas) y con problemas mentales (hay uno con 8 plazas). Se ha creado una mesa con representantes sindicales y de la Comunidad para buscar soluciones.

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Trifulcas y tijeras que vuelan

Los educadores de la residencia San Vicente, en Fuencarral, con unos 60 chavales internados, han vivido varios episodios de violencia juvenil en las últimas semanas."El pasado 10 de marzo un chico que tiene graves problemas psiquiátricos prendió fuego en una habitación y aquello derivó en una pelea entre dos grupos de chavales. Tuvimos que llamar a la policía", relatan estos trabajadores. La Jefatura Superior corrobora que ese día tuvo que intervenir en la residencia y que sellevó a uno de los muchachos que participó en la trifulca.

"Los chavales pequeñitos miraban todo alucinados. A veces nos preguntamos si realmente estamos protegiendo a estos chicos, porque a los que tienen conductas conflictivas no les podemos atender de la forma intensiva que necesitan y los más tranquilos acaban amedrentados o aprendiendo las argucias de los otros", añaden estos trabajadores.

Pero la bronca de hace semanas no es la única. "Otra educadora tuvo la suerte de esquivar unas tijeras que le tiraron al vuelo", apostillan. Trabajadores de las residencias de Chamberí y Vallehermoso relatan otras situaciones de violencia. "Llevamos diez años de parcheo y ahora el barco hace aguas", concluyen.

Uno de cada 200 niños de la región (unos 5.000 menores) están tutelados por la Comunidad ante los problemas familiares, desatenciones o incluso el maltrato sufrido en sus hogares. De estos chavales, 1.600 viven en alguna de las 44 residencias y 58 pisos tutelados de la Comunidad; otros 2.000 permanecen al cuidado de sus abuelos o tíos, y 1.000 más habitan en régimen de acogimiento con familias con las que no tienen lazos sanguíneos.

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