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La 'importación' de expertos desata un debate sobre la inmigración en Alemania

Pilar Bonet

Al intentar abrir las puertas de Alemania a los especialistas en informática extranjeros, procedentes de India o de los países del este de Europa, el canciller socialdemócrata, Gerhard Schröder, ha abierto también un debate sobre la emigración que ni la nueva ley de ciudadanía, en vigor desde principio de año, ni el informe de la ONU sobre el envejecimiento demográfico en Europa habían provocado en este país de más de 80 millones de habitantes. El virulento debate se ha convertido en el tema dominante de la vida política alemana.

La polémica resulta de la campaña de la Unión Cristiana Democrática (CDU), el principal partido de la oposición, contra la iniciativa de abastecer de mano de obra a un sector clave del futuro. Esta iniciativa ha sido bautizada como green card (carta verde), en una analogía inexacta del permiso de trabajo que EEUU da a los extranjeros. Con lemas como "niños en vez de indios" y "educación en vez de emigración", la CDU amenaza con transformar la elección regional de Renania del Norte-Westfalia del 14 de mayo en un plebiscito sobre la emigración de extranjeros no pertenecientes a la UE. Tras el cariz que toma la pugna en el land más poblado del Estado, algunos ven el fantasma de las elecciones de Hesse, la región donde en febrero de 1999 el democristiano Roland Koch arrebató el Gobierno al Partido Socialdemócrata (SPD) gracias a una campaña contra la nueva ley de ciudadanía que avivó sentimientos xenófobos. Pese a las críticas a la campaña de recogida de firmas contra la doble nacionalidad de hijos de emigrantes, la movilización de la CDU fue un éxito en las urnas.

Ayer, en el Bundestag (Cámara baja del Parlamento federal), el canciller exigió a la CDU que interrumpa su campaña contra la green card. Schröder calificó la actitud de Rüttgers de "indecente" y de "hostil al empresariado". En su primera intervención como jefe del grupo parlamentario CDU-CSU, Friedrich Merz aconsejó reflexionar sobre la ocupación de los puestos de trabajo vacantes en Alemania con trabajadores propios.

Se da la circunstancia de que Rüttgers fue ministro de Temas de Futuro en el Gobierno de Helmut Kohl, lo cual permitió al jefe del grupo parlamentario del SPD, Peter Struck, responsabilizarlo de la falta de mano de obra especializada en las tecnologías de la información en Alemania, donde hay más de cuatro millones de parados.

El paisaje político está cambiando en Alemania. Los empresarios han formado un grupo defensor de la modernización tecnológica bautizado como D-21, se han aliado con el Gobierno y se manifiestan a favor de una apertura más amplia a la emigración. Los sindicatos se muestran reticentes, dada la amenaza que los emigrantes supondrían para el mantenimiento de los niveles laborales y salariales, ya amenazados por la desigualdad entre el este y el oeste del país.

En mayo, el Gobierno espera aprobar las directivas que permitirán una entrada de hasta 20.000 expertos informáticos por un plazo de hasta cinco años. Muchos analistas son escépticos sobre la posibilidad de que la campaña para importar técnicos en informática consiga reclutar los cerebros necesarios, en parte porque el Gobierno no está dispuesto a darles una perspectiva de futuro tan clara y abierta como en EEUU.

La apertura se hace por la vía de la excepción y sin cambiar la política de cerrazón general ante los emigrantes económicos que Alemania practica desde 1973. Esta política permite excepciones, a las que se acogen, por ejemplo, los polacos que vienen a cosechar espárragos o a vendimiar. El coladero por el que llegan los emigrantes es la política de asilo, surgida como reacción preventiva contra el nazismo tras la II Guerra Mundial. Esta política, que ha sido generosa, se revisó de forma restrictiva en la década de los noventa.

La CDU quisiera ahora una nueva revisión a cambio de que se apruebe una ley de emigración. Desde otras coordenadas, también Los Verdes, el socio menor de la coalición, quieren una ley de emigración, un punto que no fue incorporado en el acuerdo de coalición con los socialdemócratas. En otoño de 1998, a los dirigentes del SPD ya les parecía bastante osado facilitar la naturalización de los hijos de emigrantes nacidos en Alemania. El ministro del Interior, Otto Schilly, ha advertido en múltiples ocasiones sobre los peligros de forzar el límite de tolerancia de la sociedad. El debate sobre la emigración pone a prueba hoy ese límite.

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Sobre la firma

Pilar Bonet
Es periodista y analista. Durante 34 años fue corresponsal de EL PAÍS en la URSS, Rusia y espacio postsoviético.

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