Alperi suspende de empleo y sueldo al funcionario acusado de fraude

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Alicante, Carlos Alcalde, abrió ayer expediente disciplinario al funcionario José Enrique R. T., adscrito al departamento de Servicios Sociales y sospechoso de cometer un presunto fraude con las ayudas sociales procedentes de las Prestaciones Económicas Regladas (PER), que concede la Consejería de Bienestar Social y distribuye el Consistorio, dirigo por el alcalde Luis Díaz Alperi. El expediente implica, como medida cautelar, la inmediata suspensión de empleo y sueldo para el trabajador público, al menos hasta que la Fiscalía finalice la investigación que ha puesto en marcha para determinar la comisión de delito.El expediente responde a la comisión de dos faltas graves: el pago de subvenciones a usuarios que no tenían derecho a ellas, y la variación de los listados de beneficiarios de las ayudas. Según Alcalde, el comportamiento presuntamente ilícito del funcionario se ha prolongado a lo largo de los años, y ha causado un "grave daño" a la Administración. Fuentes municipales calculan que la cantidad global de las ayudas sociales desviadas a cuatro cuentas bancarias que el funcionario manejaba a su antojo podría superar los 20 millones.

Control económico

Además de las ayudas del PER, el funcionario se beneficiaba, según el Ayuntamiento, de ayudas de emergencia dispuestas por la concejalía en la que trabajaba para atender casos urgentes, como accidentes en domicilios de familias sin recursos o asistencia a inmigrantes.

Desde 1987 y hasta 1994, el funcionario expedientado tuvo responsabilidad directa en los recursos económicos del departamento municipal de Servicios Sociales. Para desviar los fondos públicos hacia las cuentas bancarias que manejaba, activaba casos cerrados valiéndose de la información incluida en expedientes de ex beneficiarios de ayudas, como toxicómanos, transeúntes o inmigrantes.

En 1995, el trabajador público fue apartado del control económico del departamento, pero mantuvo la instrucción de los expedientes que se tramitaban para distribuir ayudas sociales.

Su conocimiento de los trámites administrativos, y un sistema informático municipal obsoleto, le facilitaron la labor de modificar los listados definitivos de beneficiarios de ayudas, de forma que el Ayuntamiento ingresaba periódicamente cantidades a cuatro cuentas abiertas en el Banco Central Hispano a nombre de supuestos usuarios del servicio, que ignoraban que su personalidad estaba siendo suplantada para cometer un fraude.

Los departamentos municipales de Servicios Sociales e Informática investigan ahora las operaciones fraudulentas consumadas. Se sabe, por el momento, que en el segundo semestre de 1997 el funcionario activó dos ayudas. Al no ser descubierto, durante los ejercicios de 1998 y 1999 repitió la operación en numerosas ocasiones.