El juicio de PSV

A los siete años de estallar la crisis de PSV -la cooperativa de viviendas de UGT- puede decirse que sus efectos políticos y sociales están amortizados. Los cooperativistas tienen hoy sus casas, aunque más caras de lo previsto, y UGT resolvió el problema de la sucesión de su histórico líder, Nicolás Redondo, al que la crisis de un proyecto basado en la imagen y las siglas del sindicato afectó especialmente, aunque no tuviera responsabilidad directa en lo ocurrido.Quedaban pendientes sus efectos judiciales. Desde ayer, la Audiencia Nacional se enfrenta a la tarea de determinar si lo que fue seguramente un proyecto social bienintencionado, pero mal concebido y peor gestionado, constituyó también una actuación delictiva. Para el fiscal, que pide ocho años y dos meses de prisión para cada uno de los siete gestores, existió un desvío de 18.587 millones de pesetas. En esa desviación entrarían el trasvase de fondos de los cooperativistas de PSV a su gestora IGS, y su utilización en inversiones inmobiliarias discutibles -compra de suelo privado en espera de recalificación- y en la propia financiación del sindicato UGT. Todo ello constituiría los típicos delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad en esta clase de operaciones financieras.

Muy distinta es, lógicamente, la versión de los acusados. Niegan que "metieran la mano en la caja" y atribuyen el colapso del proyecto de PSV a la falta de financiación y al retraso "en los procesos de concesión de licencias y entregas de suelo público comprometido". El juicio, que previsiblemente se prolongará hasta finales de año, se plantea en estos términos: mera crisis financiera, sin efecto penal alguno, o ilícita distracción de fondos sociales por parte de lo gestores. Nadie duda hoy de que el fiasco de PSV fue una mezcla de gestión disparatada y ausencia de controles, aderezada de proyectos faraónicos como la esfera armilar. Los jueces deben aclarar si, además, fue una apropiación de fondos.