"Queremos justicia", piden los afectados tras seis años de disgustos

"Queremos que se haga justicia y que se nos indemnice, aunque hay cosas que no se pagan con nada", afirma Isabel entre sollozos. Es una de las cooperativistas que ayer se desplazó a la Audiencia Nacional para ver cómo empezaba el juicio de la PSV, uno de los mayores fiascos del cooperativismo, que estalló con toda su intensidad en 1994. De pronto, Isabel empalidece, le tiemblan las piernas, balbucea y dice que tiene taquicardia. Toma asiento y respira hondo. "¿Qué te pasa?", le pregunta un compañero. No contesta, pero señala con el dedo a un hombre con gafas. Le mira como quien ve ante sí su peor pesadilla. Se trata de Carlos Sotos, el que fue director de la PSV-IGS, la empresa que gestionaba el proyecto urbanístico, y que acude al juicio en calidad de imputado.

Luego, más tranquila ya, Isabel cuenta su pesadilla: "Viuda y con una hija de 11 años, junté todos mis ahorros. Dí una entrada para una casa a base de créditos. Después tuve que renunciar a un millón del dinero que había entregado para tapar el agujero de 18.000 millones que habían hecho (...) Al final, sólo ganaba para pagar las letras y mi hija y yo nos tuvimos que ir a casa de mis padres durante tres años". "Aquí ha habido de todo: suicidios, divorcios, matrimonios que se han quedado sin tener hijos... ¿Cómo se paga eso?", pregunta desconsolada.

Junto a ella, una veintena de afectados se desplazaron ayer hasta la Audiencia con el fin de ser testigos del proceso y la ilusión de ser indemnizados después de más de seis años de calamidades.

Los sentimientos de impotencia y de indignación contenida se apoderaban de ellos mientras recordaban, en conversaciones de pasillo, los malos momentos de un pasado que volvía a hacerse presente: "No se trata de demostrar que ya tenemos casas después de seis años de espera. La cuestión es ¿qué pasó con los 18.000 millones de pesetas que nos robaron?".

"Todo política"

Hoy por hoy, después de que el Gobierno decidiera intervenir la cooperativa en febrero de 1994, prácticamente todos los cooperativistas tienen su casa o han sido indemnizados. "Esto es todo política. Lo fue desde el principio", afirma un escéptico Marcelo. "Si Nicolás Redondo no se hubiera llevado tan mal con los socialistas, si no le hubiera hecho una huelga general, otro gallo habría cantado porque no le habrían dejado estrellarse con la PSV. El Gobierno pudo intervenir antes pero no quisieron y lo pagamos nosotros", añade contundente.

Todos tienen su versión de la historia: robo, gestiones fraudulentas, relaciones políticas... Pero la pregunta de fondo es siempre la misma: "¿Qué pasó con los 18.000 millones de pesetas que desaparecieron?" La respuesta está en manos del estricto Siro García y los otros dos magistrados que le acompañan en el tribunal que juzga el caso.