Las defensas del 'caso PSV' solicitan al tribunal la declaración de los miles de cooperativistas

El juicio oral del caso PSV dio ayer sus primeros pasos con una animación inesperada. Al margen de pedir la nulidad del proceso por diversas irregularidades en su instrucción, las defensas solicitaron que se tome declaración a todos los cooperativistas querellantes. En el momento del inicio del sumario eran 6.507, aunque ahora, según explicaron, rondan los 3.000. El presidente del tribunal, Siro García, ordenó desalojar al público, compuesto básicamente por una veintena de cooperativistas, por unos comentarios en voz alta contra el defensor de Carlos Sotos, el principal inculpado.

La primera sesión del juicio del caso PSV (el hundimiento, en 1994, del mayor proyecto de vivienda social en España), que tuvo una duración de cuatro horas, dejó muy clara la estrategia de las defensas de los siete encausados (Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Fermín Bretón, Francisco Hernández, Sebastián Reyna, Primitivo Álvaro y Jesús Aína): forzar su anulación, harto improbable a estas alturas, o intentar demostrar que, en realidad, ya no hay perjudicados.Miguel Bajo, el abogado de Sotos, ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y director de la PSV, impulsada por el sindicato UGT, expuso, en su turno de cuestiones previas, su visión del asunto. "El sentimiento que hay en la calle", dijo, "es que este juicio se ha celebrado. Carlos Sotos ya ha estado más de un año en la cárcel [13 meses] y cada cooperativista ya tiene su casa o ha recibido su indemnización".

Por eso pidió, ante la sorpresa generalizada, que declaren todos los cooperativistas querellantes. Un colectivo que llegó a alcanzar la cifra de 6.507, pero que ahora, de acuerdo con la exposición del propio Bajo, ronda los 3.000. Esa cifra, según los abogados, puede ser menor, puesto que muchos no han ratificado la querella o han renunciado a emprender acciones de tipo civil, aunque no penal.

Por ejemplo, Emilio Garrido, el letrado de IGS, la gestora, dijo que 3.193 de los 6.507 querellantes iniciales cedieron, en el proceso de construcción de las viviendas, sus créditos al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que este organismo renunció a seguir con la querella. Otros 3.065, continuó Garrido, quien defiende a IGS de una posible responsabilidad civil subsidiaria, firmaron un documento al recibir sus pisos comprometiéndose a abandonar cualquier tipo de acciones civiles. "Además", siguió, "se ha llegado a acuerdos con otros grupos, de tal forma que puedo asegurar que en estos momentos sólo hay un cooperativista que no tiene piso ni indemnización y que no ha renunciado a emprender acciones civiles". Garrido aportó otros datos llamativos: 100 de los querellantes nunca fueron cooperativistas y unos 500 son cónyuges o parientes de otros querellantes.

La exposición de Bajo, vehemente por momentos, levantó protestas entre el público, formado casi en su totalidad por una veintena de cooperativistas. Entre el murmullo del público se escaparon frases como "¡qué morro!", "¡qué cara tiene!" o "¡qué sinvergüenza!". Ello provocó una fulminante reacción por parte del presidente del tribunal, Siro García, quien ordenó a la policía que desalojara la sala e incluso que detuviera a la persona que había lanzado las invectivas si es que era posible, que no lo fue, identificarla.

Ése fue el único sobresalto de la primera jornada, ya que, en contra de todas las previsiones, no hubo protestas de cooperativistas ni a la entrada ni a la salida de la Audiencia Nacional.

Bajo, que fue algo así como el director de una orquesta sincronizada formada por el conjunto de abogados de la defensa, también se detuvo a criticar la fase de instrucción, que empezó Miguel Moreiras y acabó Teresa Palacios. En concreto, sus dardos más afilados se concentraron en Moreiras.

También lo hicieron sobre el informe de los peritos judiciales, que considera nulo, puesto que en su elaboración no se consultó con su defendido. "Una de las salvedades del informe es precisamente que no se pudo contar con la colaboración de los antiguos gestores", apuntó. A continuación, solicitó que el tribunal dictamine cuanto antes sobre si declara o no nulo el informe, dado que es la base de los escritos de acusación, especialmente el del fiscal.

José Federico de Carvajal, el letrado de Paulino Barrabés, ex responsable de finanzas de la UGT, suscribió todos los argumentos de Bajo y planteó dos cuestiones previas de fondo. En primer lugar, que se expulse del juicio a las acusaciones particulares que no tengan un poder de los querellantes ratificado, situación en la que se encuentran 15 de las 27. En segundo, aseguró que hay evidencias de que algunos cooperativistas han comprado viviendas a un precio más bajo que el fijado en principio.