Togas de lujo
Seis años de proceso judicial. Siete acusados con una petición del fiscal de ocho años y dos meses de cárcel para cada uno. Una responsabilidad civil de 18.587 millones que pende sobre las maltrechas cuentas de la UGT. Miles de cooperativistas afectados, y no sólo en el bolsillo. Elcaso PSV es, sin duda, un macrojuicio.
Y, como es lógico, en torno a él se han concentrado varios primeros espadas del mundo judicial español. De entrada, el presidente del tribunal es Siro García, la imagen de la rectitud y la solvencia. Y de la experiencia. No en vano ha presidido los tribunales encargados del
caso Banesto y del caso Lasa-Zabala. Junto a él se sientan los magistrados Javier Gómez y Manuela Fernández, que será la ponente. El fiscal es Vicente González Mota, de la Fiscalía Anticorrupción.
El defensor de Carlos Sotos es Miguel Bajo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. La defensa de Paulino Barrabés la lleva José Federico de Carvajal, expresidente del Senado. Sebastián Reyna será defendido por el equipo de Horacio Oliva.
Joaquín Ruiz Giménez, exdefensor del pueblo, representa a la acusación más amplia, la de los cooperativistas de Valdebernardo. Francisco Méndez Goas lleva la acusación del segundo grupo más numeroso de querellantes.
