Los trabajadores esperan que se agilice al causa del 'Proof Spirit'

El presidente del comité de empresa de Unión Naval de Valencia (UNL), José Antonio Sáez, manifestó ayer su esperanza de que la sentencia de un juzgado de lo Social de Bilbao, que atribuye la muerte de 18 operarios en el Proof Spirit a los "incumplimientos" de UNL, agilice la instrucción sobre las responsabilidades penales del accidente que investiga un juzgado de Valencia. Saéz afirmó que ambas causas no se interfieren, pero expresó su deseo de que la sentencia pueda servir para adelantar la instrucción.

El representante de los trabajadores de la empresa, ahora denominada Inversiones Marítimas del Mediterráneo, mostró su sorpresa al conocer la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, e insistió en que, a pesar de no guardar relación ni ser vinculante con la investigación del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, el fallo "puede hacer que se adelante" este proceso abierto hace tres años.En realidad, el sindicalista de UGT recogió en sus declaraciones el sentir generalizado entre los trabajadores de la antigua UNL y los familiares afectados por el accidente. Todos ansían que concluya la instrucción del caso abierto en julio de 1997, para que se esclarezcan las causas que provocaron la deflagración durante la construcción del buque y se establezcan las responsabilidades penales, si así lo considera el juez.

Sáez señaló su intención de reunir esta misma semana al comité de empresa para analizar la situación derivada de la única sentencia relacionada con el caso. Ésta se produjo a raíz de la demanda presentada por la viuda Ángel López Gallo, trabajador de una subcontrata fallecido en el trágico accidente. La titular del Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao, Marta Solana, condena a indemnizar a UNL a la familia de la víctima por "incumplimiento grave" de la ley, debido a que la empresa infringió la "normativa de prevención de riesgos laborales".

La magistrada describe varias infracciones que cometió la empresa. Entre ellas subraya que UNL es responsable "de no haber confeccionado un plan de seguridad y contra incendios específico para el buque siniestrado, conforme exige (...) su propio manual de procedimiento".

La juez no se entromete en el trabajo de otra jurisdicción, pero detalla anomalías en la construcción del barco, como el hecho de que UNL tolerara "la operación de carga [de combustible] cuando a bordo se encontraban gran número de trabajadores". La apertura de la causa penal no impide el pronunciamiento del juzgado de lo Social.

Aunque el accidente se produjo en los astilleros de Valencia, ha llegado hasta los juzgados de Bilbao debido a que 12 de los 18 trabajadores fallecidos -hubo también cuatro heridos- pertenecían a subcontratas.

La familia López Gallo, una de las que renunciaron a reclamar indemnización en la jurisdicción penal, ya recibió de UNL una compensación de 17 millones de pesetas.

El comité de empresa también estudiará este semana las consecuencias derivadas de la sentencia para los trabajadores.