La Comisión Europea reprocha a Vizcaya que conceda unos incentivos que está investigando

Bruselas golpea de nuevo al País Vasco por los incentivos fiscales. La Comisión Europea confirmó ayer que ha abierto un expediente por los incentivos (el crédito fiscal de la inversión) concedidos en diciembre pasado al gran proyecto para construir en el puerto de Bilbao una planta regasificadora (Bahía Bizkaia Gas) y otra de generación de electricidad (Bahía Bizkaia Electricidad) por importe de 90.000 millones. Un portavoz de la Diputación de Vizcaya aseguró ayer que no había recibido comunicación oficial de Bruselas.

La Comisión Europea da un duro varapalo a la Diputación de Vizcaya por la aplicación del crédito del 45% a las inversiones de Bahía Bizkaia Gas (planta regasificadora) y Bahía Bizkaia Electricidad (centrales de generación eléctrica a gas por ciclo combinado). Las dos empresas tienen como socios a Iberdrola BP-Amoco, Repsol y al Ente Vasco de Energía (EVE). En un comunicado, el portavoz del comisario de la Competencia confirmó que se ha abierto un expediente por la concesión por la Diputación de Vizcaya, el pasado mes de diciembre, de dicha ayuda a estas empresas. En tono de reproche, el portavoz del comisario Mario Monti recuerda que este incentivo es similar al que recibieron Demesa (Daewoo) y Ramondín y que dieron lugar a expedientes y posteriores decisiones de la Comisión en 1999, que los declaraba en parte incompatibles con las normas europeas de competencia. Hoy ambos asuntos se encuentran recurridos en el Tribunal de las Comunidades Europeas.Vizcaya se ha vuelto a topar con Bruselas días después de que hubiera roto el pacto fiscal alcanzado en enero entre la Administraciones vascas y central. En dicho pacto se comprometía la retirada de los recursos pendientes sobre temas afectos al Concierto Económico y la supresión de la normativa más cuestionada, entre ella este incentivo fiscal.

Última oportunidad

La Administración del Estado exigía a Vizcaya que retirara 19 créditos fiscales concedidos mientras se estaba negociando porque consideraban que iban contra el espíritu del acuerdo. Madrid sabía además la inquietud de Bruselas con este tema. Entre las ayudas concedidas a inversiones que suman 360.000 millones de pesetas, están la de las dos Bahías, cuya inversión alcanza los 90.000 millones de pesetas.

Bruselas concede, según explicó el portavoz de la Comisión en el comunicado, una última oportunidad para explicar su decisión. Pese a que la Comisión no prejuzga el caso, sí que considera que la línea de actuación de Vizcaya es bastante significativa.

La Comisión Europea considera también que la decisión tomada por Vizcaya se ha producido pese a que Bruselas tiene abierto un expediente general en el que se están estudiando las propias normas de 1997 que dieron lugar al crédito fiscal. La investigación de las autoridades de Bruselas debe determinar si las ayudas son conformes a las normas europeas de competencia. Esta decisión debe prevenir a la Diputación de Vizcaya sobre los otros 17 proyectos empresariales que han recibido el crédito. Sobre todos ellos podría recaer un decisión similar. Vizcaya, que jugó con la ventaja de que el Estado ya hubiera retirado el recurso que dio lugar a a la cuestión prejudicial (consulta ante del Tribunal Superior ante el tribunal de las Comunidades Europeas sobre las vacaciones fiscales), se ha topado de nuevo con su mayor amenaza: la Unión Europea. La Comisión determinó ayer que la decisión final podría tardar 18 meses.

Un portavoz del EVE aseguró ayer desconocer la decisión y manifestó que el problema es de la Diputación. Asimismo señaló que la puesta en marcha del proyecto no estará condicionada por el acuerdo que adopte la Comisión Europea.

La Diputación vizcaína aseguró, a través de un portavoz, que desconocía la apertura del expediente por parte de Bruselas. "No hemos recibido ninguna notificación", dijo, en contraposición a la carta enviada por la Comisión Europea. Además, eludió cualquier tipo de valoración. "Esperaremos a que nos llegue la notificación y entonces realizaremos un pronunciamiento público".

El portavoz del PP en la Juntas vizcaínas, Carlos Olazabal, instó a la institución foral a "rectificar de forma inmediata" su postura sobre los incentivos fiscales. Dijo que la actitud de la Hacienda es "irresponsable".